Alejandro Peña Esclusa padece cáncer de próstata y necesita radioterapia urgente para evitar que se propagueSu familia espera una medida humanitaria que le conceda casa por cárcel para poder aplicarle el tratamiento
Por: Mate González Jaime/TalCualDigital
Al ingeniero y dirigente político Alejandro Peña Esclusa no le hace falta ir a un juicio. Pareciera que el Ministerio Público, en una suerte de complicidad por omisión con un tribunal, lo ha sentenciado ya a una muerte segura en su celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), antes de concederle una medida humanitaria para tratar su enfermedad.
Desde la cárcel, el ingeniero espera que sus derechos humanos no se sigan violando mientras su esposa y sus tres hijas confían en Dios.
“Tenemos mucho miedo”, dice Indira Ramírez de Peña Esclusa al ver impotente como se deteriora la salud de su marido.
Al ingeniero se le imputan los delitos de “ocultamiento de arma de guerra” y “asociación para delinquir”, por lo que ya tiene 10 meses preso en la sede del Sebin, el mismo tiempo padeciendo cáncer de próstata.
Indira Ramírez relata que un mes antes de ser detenido su marido fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extrajo un tumor en la próstata y se determinó que padecía cáncer de malignidad media. Luego de la operación, debía recibir radioterapia como parte del tratamiento pero esto no ocurrió ya que el pasado 12 de julio Alejandro Peña Esclusa fue detenido.
Recluido en una celda de 3x3 metros y sin ventanas, el estado de salud del dirigente político se ha ido minando hasta que en enero de este año el antígeno prostático salió alto; lo que significa el regreso del cáncer de próstata. A partir de ese momento, la familia Peña Esclusa volvió a ver de frente a la muerte.
El informe médico del Sebin indicó que el preso político debía ser trasladado a una clínica para recibir el tratamiento recomendado por su médico particular. Ante esto, Indira Ramírez inició una lucha pidiéndole a la fiscal general Luisa Ortega Díaz una medida humanitaria.
Tras la negativa del Ministerio Público, Ramírez de Peña acudió a la opinión pública. “En lo que di la rueda de prensa, el Gobierno reaccionó y lo llevaron al oncológico Padre Machado”, aseveró.
Pero el informe médico todavía no ha salido y podría demorar hasta 20 días porque los especialistas del Oncológico quieren volver a revisar el tumor que hace 10 meses le extrajeron.
En estos diez meses preso, Alejandro Peña Esclusa no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ni siquiera los funcionarios del Sebin han dejado que su esposa le lleve unas pastillas para su mal, un cáncer silencioso que todavía no presenta síntomas físicos pero que si no es tratado a tiempo podrá acabar con la vida del ingeniero.
“En 23 años que llevo a su lado, primera vez que veo a Alejandro vulnerable, tiene miedo. En el fondo del corazón estamos asustados, no hay nada que podamos hacer”, dijo la señora de Peña Esclusa.
APIADENSE DE ÉL
Este fin de semana monseñor Ovidio Pérez Morales envió una carta a la Fiscal General solicitando una medida humanitaria ante el deterioro de la salud de Alejandro Peña Esclusa.
Lo mismo hará un diputado boliviano quien entregará una carta al ministro de Interior y Justicia con la firma de 32 diputados bolivianos y 7 senadores pidiendo casa por cárcel para el ingeniero.
Por: Mate González Jaime/TalCualDigital
Al ingeniero y dirigente político Alejandro Peña Esclusa no le hace falta ir a un juicio. Pareciera que el Ministerio Público, en una suerte de complicidad por omisión con un tribunal, lo ha sentenciado ya a una muerte segura en su celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), antes de concederle una medida humanitaria para tratar su enfermedad.
Desde la cárcel, el ingeniero espera que sus derechos humanos no se sigan violando mientras su esposa y sus tres hijas confían en Dios.
“Tenemos mucho miedo”, dice Indira Ramírez de Peña Esclusa al ver impotente como se deteriora la salud de su marido.
Al ingeniero se le imputan los delitos de “ocultamiento de arma de guerra” y “asociación para delinquir”, por lo que ya tiene 10 meses preso en la sede del Sebin, el mismo tiempo padeciendo cáncer de próstata.
Indira Ramírez relata que un mes antes de ser detenido su marido fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extrajo un tumor en la próstata y se determinó que padecía cáncer de malignidad media. Luego de la operación, debía recibir radioterapia como parte del tratamiento pero esto no ocurrió ya que el pasado 12 de julio Alejandro Peña Esclusa fue detenido.
Recluido en una celda de 3x3 metros y sin ventanas, el estado de salud del dirigente político se ha ido minando hasta que en enero de este año el antígeno prostático salió alto; lo que significa el regreso del cáncer de próstata. A partir de ese momento, la familia Peña Esclusa volvió a ver de frente a la muerte.
El informe médico del Sebin indicó que el preso político debía ser trasladado a una clínica para recibir el tratamiento recomendado por su médico particular. Ante esto, Indira Ramírez inició una lucha pidiéndole a la fiscal general Luisa Ortega Díaz una medida humanitaria.
Tras la negativa del Ministerio Público, Ramírez de Peña acudió a la opinión pública. “En lo que di la rueda de prensa, el Gobierno reaccionó y lo llevaron al oncológico Padre Machado”, aseveró.
Pero el informe médico todavía no ha salido y podría demorar hasta 20 días porque los especialistas del Oncológico quieren volver a revisar el tumor que hace 10 meses le extrajeron.
En estos diez meses preso, Alejandro Peña Esclusa no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ni siquiera los funcionarios del Sebin han dejado que su esposa le lleve unas pastillas para su mal, un cáncer silencioso que todavía no presenta síntomas físicos pero que si no es tratado a tiempo podrá acabar con la vida del ingeniero.
“En 23 años que llevo a su lado, primera vez que veo a Alejandro vulnerable, tiene miedo. En el fondo del corazón estamos asustados, no hay nada que podamos hacer”, dijo la señora de Peña Esclusa.
APIADENSE DE ÉL
Este fin de semana monseñor Ovidio Pérez Morales envió una carta a la Fiscal General solicitando una medida humanitaria ante el deterioro de la salud de Alejandro Peña Esclusa.
Lo mismo hará un diputado boliviano quien entregará una carta al ministro de Interior y Justicia con la firma de 32 diputados bolivianos y 7 senadores pidiendo casa por cárcel para el ingeniero.
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