MAHYLENI SERPA/NDO/TalCualDigital
El 27 de febrero de 1989, lo que se inició como una protesta de los habitantes de Guarenas ante el aumento de pasaje, se transformó en una rebelión popular que se extendió a buena parte de Caracas y también, en menor media, a otras ciudades del interior, con un saldo de muertos y heridos sobre el cual se sigue diiscrepando.
Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos recurrieron a los tribunales buscando justicia, pero ante la denegación de la misma se dirigieron a la Corte Interamericana ded Derechos Humanos (CIDH). Las decisiones de esta instancia internacional tampoco han sido acatadas en su totalidad por el Estado venezolano. En esto es coherente el gobierno de Hugo Chávez, el cual no cumple con lo que dictamina la CIDH.
Fue en junio de 1999 cuando la CIDH conoció El Caracazo y cinco meses después se dictó sentencia. El primero de los puntos del fallo determina investigar, identificar y sancionar a las personas responsables desde el punto de vista administrativo y penal. Hasta ahora no hay ningún ciudadano condenado, sólo existen acusaciones en contra de altos funcionarios de la época, pero tampoco hay nadie sentenciado, afirma Willy Chang, abogado del Comité de Familiares de las Víctimas, Cofavic.
Incluso existe un precedente negativo, pues las personas acusadas de haber asesinado a Crisanto Madero y Luis Manel Colmenares, fueron sobreseidas por un tribunal, decisión confirmada por el TSJ. Tratándose de violación a los derechos humanos no cabe esta decisión, apunta Chang.
La segunda medida reparatoria tiene que ver con el tema de las personas desaparecidas durante los sucesos del Caracazo. Es obligación del Estado localizar, exhumar, e identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos, y luego entregar a los familiares los restos para ser enterrados, precisa Chang.
En el 2009 el Gobierno de Chávez hizo un intento por cumplir con esta parte de la decisión y exhumó los restos que reposaban en el sector conocido como La Peste, en el Cementerio General del Sur.
"Los cuerpos fueron llevados a Fuerte Tiuna, donde supuestamente iban a ser identificados a través de ADN, pero el procedimiento no se hizo de la manera correcta, los cuerpos no tuvieron el trato adecuado y los familiares no fueron invitados a llevar las muestras de ADN", explicó Chang.
Recientemente el Estado reportó que identificó a tres personas, pero ninguna de ellas pertenece a la lista de la sentencia de la CIDH. Seguidamente levantaron un mausoleo en el mismo cementerio y los volvieron a enterrar. "De los 68 cuerpos extraídos de 'La Peste' sólo 47 volvieron a ser inhumados, inexplicablemente nadie se ha pronunciado por el resto", apunta Chang. Familiares de las víctimas expresan que "el Estado sigue en deuda", pues este punto de la sentencia no se ha cumplido por completo.
El punto tres expresaba que luego de entregar los restos de las víctimas, el Estado debía correr con todos los gastos funerarios. Obviamente como no se ha cumplido lo anterior, pues tampoco ha sido cumplido este punto.
El cuarto aspecto pendiente es adoptar los planes y operativos de seguridad, para los casos similares al Caracazo, a manera de garantizar los DDHH en Venezuela. Dichos planes aún no han sido concretados. Las únicas medidas reparatorias cumplidas por el Estado, son la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial y en un periódico de circulación nacional, y las indemnizaciones a las víctimas, que efectivamente sólo se hicieron parcialmente.
El abogado de Cofavic explicó que "hasta el día de hoy no existe ninguna cifra real y cierta sobre el número de víctimas, se habla de cientos de fallecidos. La cifra más escandalosa habla de más de mil personas, pero con certeza no existe una cifra de cuántas personas perecieron en el Caracazo. Es imposible determinar luego de tanto tiempo el número exacto de víctimas".
Actualmente existe en la CIDH un procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, que sigue abierto debido a su incumplimiento por parte del gobierno de Hugo Chávez. . "Con cierta frecuencia la CIDH pide al Estado venezolano que envíe su informe, el Estado lo hace y nosotros (Cofavic) respondemos también expresando lo que consideramos aún no se ha cumplido".
EL ESTADO NO ATIENDE LAS SENTENCIAS
Héctor Faúndez Ledesma, abogado especialista en Derecho Internacional, explicó que las sentencias de la CIDH con respecto al Caracazo y el resto de los casos, no se han ejecutado "porque el Gobierno no quiere, porque no está dispuesto a darle cumplimiento".
Uno de los puntos básicos que ha dispuesto la CIDH en distintas sentencias es la modificación del Código de Justicia Militar, y esto obviamente a un Gobierno Militar como éste no le interesa". Explicó que de no acatarse las reparaciones se estaría tomando a Venezuela como "un Estado delincuente, un Estado forajido. Un Estado que no está acatando ni respetando las normas del Derecho Internacional".
Como consecuencia de lo anterior, la única alternativa prevista en el sistema Interamericano es la posibilidad de recurrir ante la Asamblea General de la OEA, y es la propia CIDH que debe denunciar en su informe anual los casos de desacato e incumplimiento de su sentencia, explica Faúndez.
El abogado explicó que los casos más graves son los posteriores al Caracazo. "Los casos de violaciones de Derechos Humanos en que incurrió este Gobierno son los más graves. Particularmente el caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en donde la presidenta del TSJ dijo expresamente que las sentencias de la CIDH no se iban a cumplir, y por supuesto con el aval del Presidente de la República".
EL CARACAZO
El 16 de febrero de 1989 el entonces Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, anunció una serie de medidas de ajuste económico que tenían como objetivo reducir el déficit fiscal, las cuales se pusieron en práctica el 27 del mismo mes y año.
Ese día, un número indeterminado de personas provenientes de los estratos populares iniciaron una serie de protestas en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo. Dichos disturbios se propagaron después a otras zonas del área metropolitana de Caracas, así como a La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, Maracaibo.
Los disturbios consistieron principalmente en la quema de vehículos destinados al transporte urbano y en el saqueo y la destrucción de locales comerciales, hechos que produjeron cuantiosos daños a propiedades públicas y privadas.
Como las protestas no pudieron ser controladas por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, tuvieron que internvenir fuerzas militares, para lo cual se trajeron del interior del país, aproximadamente, nueve mil efectivos. El gobierno de Pérez suspendió las garantías durante 23 días, en una primera etapa incluyó un toque de queda que obligaba a las personas a permanecer en sus casas entre las 6 pm y 6 am.
Durante el período de excepción los órganos de seguridad del Estado, conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, realizaron una serie de operativos tendientes a controlar la situación, reducir los saqueos y recuperar parte de la mercancía hurtada.
Los sucesos de febrero y marzo de 1989, según cifras oficiales, dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, dicha lista fue desvirtuada por la posterior aparición de fosas comunes.
VÍCTIMAS DEL 27F
Caso de Wolfgang Quintana: 20 años, asesinado el 2 de marzo del año 1989 en su residencia, ubicada en el barrio El Guarataro, avenida San Martín. Su esposa Yris Medina dio su testimonio de lo ocurrido ese día.
"Aproximadamente a las 6:20 pm Wolfgang regresaba del trabajo y nos encontrábamos conversando cerca de un ventanal de nuestra casa. Él tenía a nuestra hija, de 3 meses de nacida, en brazos y uno de los militares que se encontraba cerca de la estación del Metro Capuchinos empezó a disparar y alcanzó a Wolfgang con un tiro en el pecho. Antes de caer logró poner a la bebé en el coche.
Lo agarramos y lo llevamos al hospital pero al llegar nos dijeron que él ya estaba muerto. Al otro día cuando se fue a reclamar el cadáver no aparecía, luego un hermano de él logró entrar a la morgue y encontrarlo debajo de otros tantos cuerpos. Se pudo velar ese día por una hora, y por el toque de queda tuvimos que enterrarlo al día siguiente en la mañana".
Yris Medina, días después del suceso, asistió a la Fiscalía a poner la denuncia correspondiente. El caso ha permanecido en estado de investigación por 23 años. El llamado de la familia es a que salga la verdad y que se haga justicia. Que se investiguen los hechos, que haya castigo a los responsables y se diga qué pasó realmente el 27 de febrero.
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