Hay puñaladas de puñaladas. A Jorge Luis Borges lo obnubilaban esas gallardas de los duelos entre compadritos. La trapera es la peor de la especie, la que se da por la espalda y de sorpresa, vil por esencia.
Bueno, a mí me parece que tiene mucho de trapera esa multa que le acaba de asestar el TSJ a Teresa Albanes, en su carácter de presidenta de la Comisión Electoral de la MUD, por la quema de los cuadernos de votación de las primarias opositoras.
Es decir, por cumplir una palabra empeñada ante millones de venezolanos, por acatar un reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral, por impedir que se repitiera esa infamia impúdica que fueron las listas de pecadores electorales, pasibles de persecuciones y castigos inquisitoriales que quedarán en la memoria más mísera de la historia nacional. Era esperable que el TSJ vengara el oprobio y la sonrisa colectiva que produjo la torpeza de una medida que no sólo nació inoperante sino que de paso agredía al Poder Electoral que en la letra constitucional, y sólo en ella, se supone autónomo. Patada de ahogado también para cumplir mínimamente la tarea encomendada de enlodar la sorprendente cantidad de votantes de un evento comicial sin precedentes.
Por supuesto que la multa no es nada espectacular, a lo Correa, no llega ni a un sueldo mensual de un magistrado.
Pensamos, además, que deberían pagarla los tres millones de electores, tan sólo para devolver la agresión con la mayor prestancia democrática.Pero lo importante es el intento de manchar una gestión y un proceso comicial ejemplar, como no pudo dejar de señalarlo la aporreada Tibisay Lucena, eludiendo el autosuicidio. Digamos, de paso, sobre la doctora Albanes, una de esas personas que no practican la autopromoción, que muy pocos conciudadanos pueden exhibir un currículo, nacional e internacional, más brillante e incuestionable que el suyo.
Hasta aquí la cosa no es sino un epílogo triste y torpe del sainete de una disposición intempestiva, abusiva en su extensión y contraria al derecho a la libertad y a la privacidad de un acto, perfectamente reglamentado y concertado con las instancias oficiales concernidas, donde el TSJ no tiene nada qué buscar. Pero pareciera que no, se ha ordenado una investigación a la Fiscalía, cuya capacidad investigativa es proverbial por su rapidez y probidad (Anderson, Afiuni, Pdval, etc., etc.), para rastrear la hora exacta en que se quemaron los millones de registros, a la luz de la validez de una medida hecha pública de boquilla a una hora determinada, sin formalidad alguna. Pareciera otra sandez, pero quién quita. El Presidente ya dictó sentencia sobre el reglamento ilegal y antiético y la complicidad del CNE, de lo cual se vino a enterar después de la zarandeada electoral y la inefable respuesta oficial; desinformación que habla muy mal de éste y sus asesores, que deberían estar al día al menos en asuntos de esa monta política. Pero cuando el Comandante ordena, la tropa obedece, a menos que haya contraórdenes o transacciones secretas. El poder es uno, él, premisa ya aceptada y hasta teorizada por el más alto tribunal que reniega públicamente del finado Montesquieu.
Para terminar hay que recordarle a las rectoras del CNE que todavía tienen dos opciones poco cómodas: o escupir para arriba, tratando de desligarse de unos hechos en que han sido socias y tratar de alcanzar el perdón de las alturas; o mantenerse en las suyas con un poco de dignidad, aunque sea silenciosa, pero no unirse a la jauría. O el puesto o la moral, así de simple.
No hay comentarios:
Publicar un comentario