La ex directora nacional de prisiones, Mónica Fernández, ofrece su experiencia y conocimiento a la ministra Iris Varela. Considera que con un sistema de justicia débil, ni manda el poder ejecutivo ni el legislativo sino los presos
KEILYN ITRIAGO MARRUFO/DANIEL PALACIOS YBARRA/TalCualDigital
Mónica Fernández Sánchez fue directora nacional de prisiones en 1997, y en esa oportunidad tuvo a su cargo 33 mil presos en 33 cárceles. Se sumó a su gestión, de 10 meses, una de las tasas de mortalidad más baja de la década en materia penitenciaria: 21 fallecidos.
A la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, que lleva a cuestas el saldo en 2011 de 560 muertes, y unos cuantos motines, le dice que la quiere ayudar. Está clara en que la titular tiene la costumbre de proyectar la culpa o de ser muy sensible a las críticas, pero no cree que tenga mala voluntad. "Reconozco que está metida en lo suyo".
A la "Fosforito", le dice que si piensa que Carlos Nieto Palma y Humberto Prado (miembros de organizaciones de DDHH) son fastidiosos, debe llamarlos y darles un penal para que administren y sean otro brazo de auxilio.
La abogada, docente y especialista en ciencias penales y criminalísticas, recuerda que el punto esencial de la existencia de armas es la corrupción y, aunque el Gobierno no tuvo más opción que admitirlo, poco ha hecho para revertirlo. Afirma que la corrupción es bilateral, "tan corruptor es quien compra el arma como quien la vende. Eso es así y será en la medida en la que exista impunidad". Por ello, considera que hasta tanto no se presente en tribunales gente que esté comprometida con el tráfico de armas de las cárceles y se les condene, no habrá motivo para no hacerlo.
IMPEDIR EL ARSENAL
Fernández manifiesta que mientras estuvo a la batuta de la dirección, era una obligación hacer requisas semanalmente, de manera aleatoria y sorpresiva en todos los establecimientos carcelarios. Los directores debían rendir cuenta y todo lo que se requisaba iba a la dirección nacional para constatar las actas decomisadas. Ella, vivía metida en Yare I, La Planta y Rodeo I. No importaba su condición de género, ni sus 25 años cuando asumió el cargo.
La penalista de la UCAB y la USM confiesa que los reos se ponían "hasta la camisa en señal de respeto y caballerosidad, con las autoridades y toda persona con intención de ayudar". Además, convocaba a un juez, un fiscal del Ministerio Público y a los medios de comunicación casi religiosamente.
Manifiesta que cuando se deja pasar el tiempo y las inspecciones no se hacen una práctica, el liderazgo de los reos se escapa de las manos. En su época había líderes negativos pero no "pranes". La diferencia ente ellos, a su juicio, es que en el primer caso de trata de "un tipo medio mala conducta con el cual se puede establecer un diálogo de forma razonable y siempre legal. En el segundo, "hablamos de un delincuente real sin caretas, que trafica con las armas con las drogas, y que decide qué entra y qué sale en el recinto".
Los últimos hechos le demuestran a Fernández que actualmente no se negocia desde la legalidad. En el caso de La Planta, después de horas de tiroteo "salieron como niños buenos por la puerta y sin esposas". No se dijeron nombre de pranes ni se dejó claro sobre su nueva ubicación.
Insiste en la necesidad de rotar a quienes se sospecha puede alcanzar un liderazgo, además de establecer sitios de máxima seguridad, porque actualmente están los "robapollos" con los grandes delincuentes.
LA SOCIEDAD ADENTRO Y TRABAJANDO
La especialista le aconseja a Varela abrir las cárceles a la sociedad. "Yo metía a todo el mundo que quería ir, facultad de medicina, periodistas, odontólogos, gente de teatro de la UCV que hacía obras en este espacio. Las cárceles son un gran laboratorio y todo el mundo debería hacer sus pasantías allí".
Borrar los antecedentes penales de los reclusos, Fernández lo ve como algo positivo. Sin embargo, indica que el primer generador de empleo es el Estado y éste es el primero que debe dar el ejemplo. "En lugar de decir que van a eliminarlos, lo cual crea pavor y terror en todo el mundo, debería promover dándoles trabajo en los ministerios, gobernaciones y alcaldías".
El ocio de los internos es otro de las grandes debilidades de este Gobierno. "Los presos tienen derechos pero también deberes y nadie habla de eso. O trabaja, o estudia, o hace deporte o hace cultura". Rescata que en su gestión, gracias al convenio con la empresa privada, los internos arreglaban pupitres, hacían tarjetas, zapatos y mantenían ganado.
Fernández objeta la construcción de más cárceles, "lo que necesitamos es menos presos y eso lo obtenemos con una buena política de prevención, de justicia y seguridad", concluye.
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