Al consejo comunal Chaparral Los Pinos, del estado Vargas, le asignaron 3 millones 950 mil 580 bolívares para dos obras: ejecución del proyecto de sustitución y rehabilitación de viviendas, y la adquisición y reparación de la casa comunal.
De ese monto, Bs 1 millón 750 mil 359 se giró a través de 305 cheques que no cuentan con los soportes que justifiquen los desembolsos. Además, 26 cheques, por Bs 179 mil 800, fueron emitidos a nombre de un miembro de la Unidad de Gestión Financiera, para que realizara pagos en efectivo. Luego, erogaron Bs 23 mil 100 para la redacción de documentos de contratación de obra, aunque los convenios en cuestión no están suscritos por los integrantes del consejo comunal y la empresa.
Las facturas reflejan que otros Bs 20 mil 148,77 se fueron en conceptos como "restaurantes, donaciones y mantenimiento de vehículos", que no guardarían relación con los planes originales. Conclusión: "los comprobantes presentados no son suficientes para formarse un criterio acerca de la idoneidad en el manejo y aplicación de los recursos, así como de la legalidad y sinceridad de las operaciones realizadas por dicho consejo comunal".
Este caso aparece en el informe de gestión de 2011 de la Contraloría General de la República, que dedica un capítulo a evaluar "la gestión en las instancias del poder popular".
El despacho de Adelina González midió el desempeño de cuatro consejos comunales el año pasado y detectó cosas como estas: "no se evidenció documentación relacionada con la verificación técnica de proyectos comunitarios, que debe emanar la Coordinación de Proyecto de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Popular, tal situación no permite determinar si los proyectos cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para su financiamiento (...) debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras (...) y deficiencias en cuanto a los procedimientos de seguimiento y supervisión de los proyectos".
Mucha preocupación
El "poder popular", que en el discurso oficial es ensalzado como ejemplo de transparencia y honestidad, ya está salpicado por infinidad de denuncias.
En abril de 2011, el abogado Nelson Mejías, responsable de la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público, declaró que investigaban 1 mil 500 irregularidades supuestamente cometidas por voceros de los consejos comunales.
En los primeros cuatro meses de 2011, refirió el propio Mejías, habían imputado a 76 personas y acusado a otras 58 por ilícitos registrados en estas expresiones del "poder popular".
Los casos de corrupción dispararon las alarmas de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El jefe de esa instancia, Pedro Carreño (PSUV-Lara), anunció en marzo que conversaría con la contralora general de la República, la fiscal Luisa Ortega Díaz y la Consultoría Jurídica del Parlamento "para articular esfuerzos en procura de establecer mecanismos de control de los fondos públicos manejados por el poder popular".
La inquietud es válida. En 2011, el Gobierno nacional destinó unos Bs 5 millardos a más de 46 mil consejos comunales. El diputado Carlos Ramos (UNT-Mérida), miembro de la Comisión de Contraloría, destacó que "en muchos casos los consejos comunales manejan fondos superiores a los asignados a las alcaldías, por tanto es importante implementar los mecanismos que permitan que sean sujetos de control".
Buscando validar su tesis de que la AN puede vigilar y establecer sanciones a los consejos comunales, Carreño solicitó la opinión de la Consultoría Jurídica del Poder Legislativo.
No obtuvo la respuesta deseada. "La Comisión de Contraloría puede ejercer control parlamentario sobre aquellos recursos públicos que son administrados por los voceros que conforman los consejos comunales", admitió el órgano asesor, pero luego advirtió: "no podrá declararse la responsabilidad política de los voceros de los consejos comunales involucrados en las presuntas irregularidades detectadas, por cuento estos no ostentan la cualidad de funcionario público".
En sus manos
El razonamiento de la Consultoría Jurídica no complació a los diputados, que tendrían un arma en sus manos para cambiar el rumbo de esta historia: la reforma a la Ley contra la Corrupción, hoy paralizada y bajo estudio en la Procuraduría General de la República.
En ese instrumento legal califican a los voceros de los consejos comunales como funcionarios públicos, "a efecto de las regulaciones y sanciones previstas en la ley".
La propuesta tiene entre sus objetivos reforzar los controles sobre el dinero que se otorga a los consejos comunales, aumentando las competencias de la Contraloría y exigiendo rendición de cuentas. Así buscan evitar que la corrupción derrumbe el Estado comunal.
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