En estos tiempos de “revolución” en Venezuela, se toman decisiones vitales y se definen las políticas públicas con la vista puesta en un proyecto político particular que contraviene la Constitución Nacional.
El país, su economía, su sector productivo, los planes sociales ¡todo! depende de Chávez y su arrebato político.
Desde hace más de una década no se toman en cuenta los estándares internacionales para alcanzar la competividad, la productividad, el bien común ni el progreso nacional. Ni se piensa en el bienestar de generaciones por venir, el cual se ha hipotecado a potencias extranjeras. Menos aún se respetan la independencia y autonomía de las instituciones del Estado, que deberían servir para enderezar el timón y exigir rendición de cuentas. Todo lo contrario, a éstas se las ha castrado y sumido a la voluntad del caudillo.
Se controlan los precios de bienes y servicios, y se enquista la escasez y desabastecimiento de productos básicos. Se regula indefinidamente el valor de la moneda. Se malbaratan las reservas internacionales, se secan las arcas del Estado y se incurre en un gigantesco déficit fiscal, e incluso, se lleva el endeudamiento del país a niveles insostenibles.
Con cada elección, de las consecutivas que se vienen realizando desde 2000 para afianzar un comunismo castrochavista, se imponen decisiones económicas y sociales inconvenientes, sin importar a nadie que éstas hayan puesto al país a las puertas de la más amarga crisis afrontada por los venezolanos en la historia.
Y, en los últimos tiempos, hasta la supuesta precaria salud del Primer Mandatario ha servido para el uso y la manipulación política de la población.
Hoy mientras toda la atención de la opinión pública está centrada en la salud de Hugo Chávez, se postergan de nuevo las decisiones económicas para paliar la crisis en puertas; una crisis que sólo tiene parangón con la que tuvo que enfrentar Carlos Andrés Pérez en 1989, a inicios de su gobierno.
Lamentablemente, a diferencia de CAP, Chávez y su séquito no tienen la intención ni el interés ni la voluntad política para hacer los ajustes macroeconómicos indispensables para superar la crisis.
Ya se dio a conocer, por ejemplo, que Chávez vetó las propuestas que el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, había adelantado acerca de un aumento del precio de la gasolina y la devaluación de la moneda. Y, según informes de prensa, Chávez habría ordenado a sus ministros que dejaran por ahora todo tal como está en materia económica, tal vez por el temor que sin su presencia se podría desencadenar un descontento generalizado que daría al traste con el avance comunista en Venezuela.
La realidad es que ya sea que Chávez viva o muera, la economía colapsará el año que viene y devendrá tal vez en la peor crisis que los venezolanos hayan nunca experimentado. Mientras más aplace Chávez, o su sucesor, los ajustes necesarios mayor será la crisis.
Es evidente que, a falta de sindéresis en las políticas económicas, el pronóstico para el futuro inmediato de Venezuela no luce nada halagüeño.
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