La investigación de la comisión paralela revela que venezolanos registraban compañías en el exterior, donde compraban alimentos que luego revendían con sobreprecio a empresas venezolanas también de su propiedad. Al menos 26 compañías, y también militares, habrían participado en el negocio
| Diana Lozano Perafán / dlozano@el-nacional.com | |||
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"El monto ascendería a 8.000 millones de dólares", fue lo que dijo el diputado Juan José Molina en cuanto al total de las transacciones por importación de alimentos facturados con sobreprecio entre 2008 y 2009, y que serían distribuidos por la red Pdval.
La cifra forma parte del informe preliminar que elabora la llamada comisión paralela, integrada por representantes de Podemos y el Frente Económico y Humanista, y que se conformó ante el hecho de que la comisión oficial de la Asamblea que debía investigar el caso, no ha presentado aún ningún resultado.
Molina señaló que el grupo de trabajo del que forma parte tiene indicios de que al menos 26 empresas habrían participado en las negociaciones fraudulentas, en las que también "hay militares involucrados", aseveró.
Molina aseguró que han recopilado múltiples elementos probatorios que vinculan a una serie de personas -cuyos nombres dijo no poder revelar aún- con el negocio de la compra, venta, almacenamiento y distribución de alimentos, pero adelantó que están implicados ex directivos de Pdvsa.
Dijo que personas con conexiones en el alto gobierno, según las investigaciones preliminares de la comisión, constituyeron empresas en países como Brasil, Argentina y Uruguay para comprar en esos mercados alimentos que luego eran vendidos con sobreprecio a empresas venezolanas, también de su propiedad.
El negocio resultaba mucho más rentable considerando que para esas importaciones se asignaban dólares preferenciales. "Como en esos países sí existen leyes de transparencia, los empresarios de esas naciones no podían emitir facturas por montos más altos de los reales, por eso se constituían compañías para que declararan haber cobrado precios más altos que el costo real de esos productos en el mercado, y así poder quedarse con el excedente", explicó Molina.
"Este caso es tan complejo que habrá que realizar una serie de investigaciones fuera del país", indicó el diputado, quien aseguró que personas con poder de decisión dentro de Pdvsa entregaban a amigos contratos millonarios para la importación de alimentos.
Molina explicó que los importadores declaraban haber traído productos a un determinado precio, cuando en verdad adquirían alimentos que por razones de calidad, empaque y fecha de vencimiento tenían costos mucho más bajos.
Desde el pasado 25 de mayo han sido halladas al menos 130.000 toneladas de alimentos descompuestos en diversas zonas del país.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría -que suman 8 en total-, no han sido atendidas por los integrantes del Consejo Moral Republicano.
Cort. El Nacional
La cifra forma parte del informe preliminar que elabora la llamada comisión paralela, integrada por representantes de Podemos y el Frente Económico y Humanista, y que se conformó ante el hecho de que la comisión oficial de la Asamblea que debía investigar el caso, no ha presentado aún ningún resultado.
Molina señaló que el grupo de trabajo del que forma parte tiene indicios de que al menos 26 empresas habrían participado en las negociaciones fraudulentas, en las que también "hay militares involucrados", aseveró.
Molina aseguró que han recopilado múltiples elementos probatorios que vinculan a una serie de personas -cuyos nombres dijo no poder revelar aún- con el negocio de la compra, venta, almacenamiento y distribución de alimentos, pero adelantó que están implicados ex directivos de Pdvsa.
Dijo que personas con conexiones en el alto gobierno, según las investigaciones preliminares de la comisión, constituyeron empresas en países como Brasil, Argentina y Uruguay para comprar en esos mercados alimentos que luego eran vendidos con sobreprecio a empresas venezolanas, también de su propiedad.
El negocio resultaba mucho más rentable considerando que para esas importaciones se asignaban dólares preferenciales. "Como en esos países sí existen leyes de transparencia, los empresarios de esas naciones no podían emitir facturas por montos más altos de los reales, por eso se constituían compañías para que declararan haber cobrado precios más altos que el costo real de esos productos en el mercado, y así poder quedarse con el excedente", explicó Molina.
"Este caso es tan complejo que habrá que realizar una serie de investigaciones fuera del país", indicó el diputado, quien aseguró que personas con poder de decisión dentro de Pdvsa entregaban a amigos contratos millonarios para la importación de alimentos.
Molina explicó que los importadores declaraban haber traído productos a un determinado precio, cuando en verdad adquirían alimentos que por razones de calidad, empaque y fecha de vencimiento tenían costos mucho más bajos.
Desde el pasado 25 de mayo han sido halladas al menos 130.000 toneladas de alimentos descompuestos en diversas zonas del país.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría -que suman 8 en total-, no han sido atendidas por los integrantes del Consejo Moral Republicano.
Cort. El Nacional
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