Es por demás sabido que la única forma de combatir los efectos de la devaluación es incentivando que haya más producción, pues a mayor oferta menor presión se ejerce sobre los precios.
Pero, para no variar el contrasentido revolucionario del gobierno de los usurpadores, éste está haciendo todo lo contrario: desincentiva la inversión y la producción.
Por ejemplo, el ajuste de la tasa cambiaria y la eliminación del SITME, no vino acompañada de explicaciones claras sobre cómo se garantizará el flujo de divisas a las pequeñas y medianas empresas que aliviaban sus requerimientos para importar del sistema abolido. Se calcula que entre el 14% y el 18% de las importaciones eran cubiertas por el SITME.
A ello se suman las amenazas al sector privado emitidas por Nicolás Maduro, el vicepresidente con período vencido, anunciando que vendrán nuevas medidas coercitivas, como si las que ya existen fuesen poco, creando más zozobra e incertidumbre. ¡Cualquier arbitrariedad se puede esperar de los nuevos gobernantes “alzaos”!
Una muestra del alcance de la discrecionalidad e irrespeto de las reglas del juego a las que puede llegar el gobierno, y que atenta contra el aparato productivo, la dieron a principios de año cuando expropiaron un lote de azúcar industrial adquirida legalmente por la Pepsi Cola y que formaba parte de su inventario. A un mes del espurio decomiso, y a pesar de que la empresa tiene todos sus papeles en regla, el Ejecutivo Nacional se ha negado a devolver la mercancía. Incluso los trabajadores de Pepsi Cola están protestando por el riesgo de que se pare la producción por falta de insumos.
Estos gobernantes también atentan contra la productividad de las empresas (y del país) cuando, siguiendo la línea de Hugo Chávez, con total arbitrariedad interpretan y abusan de la aplicación de las leyes que el mismo oficialismo promulga. Es el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, que amén de lo dañina que fue la reforma se agravan sus efectos con los sesgos con los cuales ésta se administra.
Por ejemplo, desde que la Ley fue promulgada el ausentismo laboral se ha disparado 10%, 20% y hasta 50%, con lo cual ha disminuido la producción de las empresas afectadas. Hoy no hay Inspectoría de Trabajo que a la hora de decidir una calificación de despido injustificado se atreva a dictaminar en contra de un trabajador, sin importar la validez de las evidencias presentadas por el empleador. No importa ya si un trabajador falta injustificadamente de manera rutinaria, si falsifica reposos médicos, agrede o insulta a sus supervisores o jefes, o si destruye exprofeso equipos y maquinarias. Las inspectorías de trabajo se hacen la vista gorda, para no calificar el despido.
Es decir, todo un coctel del chavismo que se traduce en falta de productividad y competitividad no solo de las empresas, sino del país. Los platos rotos los pagan todos los venezolanos.
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