Ante la precariedad y cuestionamiento del mandato de Nicolás Maduro, en el oficialismo se soltaron las amarras de un radicalismo a ultranza. Es decir, se están saliendo del control y están reaccionando exactamente al contrario de lo que dictarían la prudencia y la cordura.
El país está viviendo, y la comunidad internacional observa con estupor, la cacería de brujas que el gobierno de Maduro está llevando a cabo no solo contra el sector político opositor, sino contra estudiantes, trabajadores, vecinos y ciudadanos en general.
Tan es así que puede decirse sin temor a exagerar que la persecución que se adelanta en estos días es la más aberrante que se ha registrado en el país, incluyendo la de las épocas de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, que ya es mucho decir.
El salvajismo con el que la Guardia Nacional arremetió contra los manifestantes en varias ciudades, especialmente contra los estudiantes de Barquisimeto y Carabobo es inadmisible, más aún cuando éstos sólo reclamaban un derecho democrático básico: ¡Que se contaran sus votos, pues ese es su derecho de elegir consagrado en la Constitución Nacional!
Por estos días se amenaza y se lanzan improperios contra periodistas, artistas y anclas de los medios de comunicación. Incluso el propio Maduro intimida y le da un ultimátum a canales de televisión por informar hechos que acontecen en el país, veraz y oportunamente.
Circulan incluso advertencias de los entes rectores de los medios de comunicación y de las policías políticas del régimen para los usuarios de las redes sociales, conminando a sus adeptos al “sapeo” en contra de familiares, amigos y grupos de seguidores que se atrevan a lanzar cuestionamientos o difundir imágenes y textos adversos al gobierno.
Es también muestra de la peor barbarie dictatorial lo que aconteció en el Parlamento contra representantes del pueblo democrático. O el flagrante desprecio a la ley del trabajo que mostró el Ministro de la Vivienda y la amenaza de otros funcionarios del gobierno y diputados del oficialismo contra los trabajadores que muestren simpatía por el movimiento democrático que lidera Henrique Capriles. O el colmo de la invasión a la privacidad: el registro a los teléfonos, computadoras, correos electrónicos, facebook y twitter de los trabajadores que se adelanta en ministerios, centros de estudio públicos, y otros despachos gubernamentales.
A esto también se agregan las amenazas contra la vida y la libertad de los dirigentes opositores como Henri Falcón y Leopoldo López. O el feroz ataque contra Capriles que hizo este martes 22 de abril la ratificada ministro del sistema penitenciario, Iris Varela. Esta, en vez de dedicarse a resolver el desbordado problema de las prisiones del país, amenazó con un verbo fuera de control al líder democrático con meterlo en una celda, ponerle uniforme, cortarle el pelo, quitarle “el pensamiento fascista” y rescatarlo “como ser humano”.
La buena noticia es que en Capriles, los demócratas han encontrado un líder que no ha caído en la trampa de la violencia, al que no han sacado del control racional, y a quien no han logrado sumergir en las provocaciones, pero que también ejerce un liderazgo firme para reclamar por vías de la no violencia los derechos ciudadanos y políticos que asisten a muchos más de 7,3 millones de venezolanos.
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