El derecho constitucional de todo ciudadano a dirigir peticiones a los órganos del Estado y el deber de éstos de responder oportuna y satisfactoriamente, según Rodríguez ha topado con un poder electoral que abandona su obligación en el caso de la auditoría integral comprometida hace una semana y que respondía a la formal solicitud de al menos 7.3 millones de electores.
El derecho del 52 por ciento del electorado que en 2010 eligió a los diputados de la unidad democrática para que se le representara siguiendo sólo su rectoría y en libertad de conciencia, además asegura que ha colisionado con el proceso de “desconocimiento del pluralismo político” establecido como valor en la Constitución.
Enumera también Rodríguez la posible disolución del derecho fundamental al trabajo, libre de discriminaciones políticas como lo contempla la Constitución, habida cuenta de los miles de casos de presión y despidos arbitrarios registrados como consecuencia de lo que considera “angustia oficialista” por la votación de Henrique Capriles y la realidad de no saber quién votó por quién.
La libertad de expresión e información que, recuerda Rodríguez, también está en el capítulo de derechos humanos de la carta fundamental, estaría en probable plan de extinción definitiva y de ello, complementa, está la prueba del ultimátum público contra Venevisión y Televen, además del aumento de oposiciones contra periodistas que preguntan para hacer información en vez de propaganda.
Finalmente el parlamentario aboga por rectificaciones "para las que siempre hay oportunidad" y porque ahora, el Tribunal Supremo, valore el trabajo que a nombre de "millones de conciudadanos" soportará la petición de impugnación anunciada por el gobernador Capriles.
TalCualDigital
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