El chavismo empujó a cientos de miles de venezolanos a votar a favor de su candidato presidencial Nicolás Maduro en las elecciones del 14 de abril, amenazándoles con quitarles sus empleos y beneficios sociales si se pronunciaban a favor de la oposición, revelan documentos obtenidos por El Nuevo Herald.
Los informes muestran las tácticas de intimidación empleadas por el gobierno bolivariano para presionar a las personas que dependen económicamente del Estado, táctica que acentúa las ya extensas dudas sobre si los comicios son realmente libres en el país petrolero.
Los documentos también ilustran cómo el gobierno bolivariano hace un uso ilegítimo de los recursos públicos y el enorme aparato estatal para ganar los comicios, construyendo un muy desigual campo de juego sobre el cual es extremadamente difícil competir.
Las técnica de presión fueron utilizadas para obtener entre dos y tres millones de votos, tras determinar que el verdadero respaldo a favor del chavismo estaría en el orden de los 5.5 millones.
“Ellos manejan dos emociones y la principal de ellas es el miedo”, explicó el analista Antonio De La Cruz, quien ha estado investigando el ejercicio electoral en Venezuela.
“El miedo a perder los beneficios, ya sea una misión, ya sea el trabajo. Ellos han construido un perverso sistema para explotar al máximo los temores del elector, quien tienen la experiencia de la Lista Tascón fresca en la memoria, y hacen uso de ese miedo para volcar a su favor los resultados electorales”, agregó.
Esa Lista Tascón, cuya existencia siempre fue negada por el chavismo, fue utilizada para castigar a quienes firmaron en el 2004 a favor de un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. Con ella, millones fueron sometidos a una especie de apartheid económico que les cerraba las puertas a los beneficios que les correspondía como venezolanos.
El chavismo esperaba conseguir para Maduro diez millones de los 15 millones de votos que preveían que serían emitidos en los comicios y para ello centró sus esfuerzos en lo que denominó “Cinco anillos de Búsqueda”, según explicó un documento fechado a inicios de abril con la firma de María Isabella Godoy, Directora Nacional Ejecutiva del Frente Francisco de Miranda (FFM).
El frente, conformado por miles de idealistas revolucionarios, muchos de ellos entrenados en Cuba, jugó un papel estelar en ese esfuerzo. La organización, fundada en La Habana en el 2003 luego que Fidel Castro convenciera a Chávez de que debía crear en Venezuela algo parecido a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que tiene Cuba, desarrollan una buena porción de los trabajos de calle de la Revolución.
Estos anillos consistían de un estimado de 1.2 millones de nuevos electores (Anillo Uno), unos 691,585 electores que en el 2006 habían votado por Chávez pero que no lo habían vuelto a hacer en el 2012 (Anillo Dos), los centros donde el chavismo obtiene más del 60 por ciento de los votos pero con altos niveles de abstención (Anillo Tres), las personas beneficiadas por las misiones de la revolución (Anillo Cuatro) y los militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Anillo Cinco).
El quinto anillo, estimado en 5.5 millones de personas que son consideradas como el voto duro del chavismo, no era a gran preocupación, aún cuando algún trabajo político habría que realizar con ellos.
Pero la situación es muy diferente en el resto de los segmentos. El cuarto anillo, equivalente a 2.3 millones de personas, generaba especial preocupación luego de que un informe revelara que un importante número de beneficiarios de las misiones sociales no participaron en las elecciones del 2012.
“Se orientó al país a conformar un mecanismo de seguimiento, que permitiera el contacto con esta población a fin de incentivarla a participar en los próximos comicios electorales en apoyo al candidato de Chávez, el presidente Nicolás Maduro”, escribió Godoy.
Ese contacto fue realizado a través de llamadas telefónicas y el envío de Luchadores Sociales Bolivarianos (LSB) para recordarles a los beneficiarios de los programas sociales sobre la necesidad de votar a favor del chavismo.
La tarea, que si bien podría ser vista como una actividad proselitista aceptable en cualquier otro país, contenía dos elementos que ayudaban a acentuar el elemento de desigualdad dentro de la contienda electoral.
Primero, la operación de proselitismo es financiada a través de fondos públicos, y segundo, el contacto venía acompañado de una amenaza velada: “vota por nosotros o perderás tus beneficios”, dijo De La Cruz.
Es una tarea para lo cual los integrantes del FFM están bien entrenados.
“El Frente Francisco de Miranda es el frente político, es el cuerpo de combate de la Revolución, el que lleva la lucha cuerpo a cuerpo en la calle”, dijo Anthony Daquín, ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.
“Son una organización entrenada para la labor del control social, están infiltrados en todas las misiones y ministerios, desde donde realizan todo tipo de trabajos, incluyendo labores de inteligencia y reconocimiento. Cumplen el papel que adelantan los CDR en Cuba”, sostuvo.
Al igual que con los beneficiarios de los programas sociales, las presiones para votar a favor de Maduro también fueron ejercidas a lo largo de la campaña sobre empleados públicos, miles de los cuales no solo fueron amenazados con ser expulsados de sus puestos de trabajo si no se pronunciaban a favor del candidato del chavismo, sino que fueron obligados a participar en sus congregaciones públicas.
Un empleado de la estatal Petróleos de Venezuela relató cómo fue obligado a votar a favor de Maduro, cuando había decidido quedarse en casa.
“Me llamaron al mediodía. Era mi supervisor, preguntándome por qué no había salido a votar. Me volvieron a llamar dos horas después, para decirme que ellos sabían que no había votado aún. A la tercera llamada, fui”, dijo el empleado que habló bajo condición de anonimato porque teme perder su puesto de trabajo.
Luego que el Consejo Nacional Electoral anunciara que los resultados de los comicios del 14 de abril fueron reñidos, con una diferencia menor de 300,000 votos entre Maduro y el opositor Henrique Capriles, las amenazas en algunas oficinas estatales comenzaron a cumplirse.
La diputada de la oposición, Delsa Solórzano, dijo que en solo 24 horas la oposición recibió las denuncias de más de 1,000 empleados públicos que dijeron haber sido despedidos o haber sido comunicados de que eso pronto sucedería tras el anuncio de los resultados.
“Estos casos están ocurriendo desde el mismo lunes 15 de abril, momento en el cual fue anunciada en varios organismos del Estado la ‘operación limpieza’, a través de la cual iban a destituir a todos los funcionarios públicos sobre los cuales pesara alguna sospecha de no haber sufragado por Maduro”, explicó Solórzano.
El Nuevo Herald
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