El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha enrarecido al límite el clima político de Venezuela al intentar hacer una burda pantomima con la revisión del proceso de votación del 14 de abril que demandan el líder democrático Henrique Capriles y sus más de 7,3 millones de electores.
Desde el mismo 14 de abril por la noche, con su evidente parcialidad política a favor del oficialismo, el cuarteto de rectoras del CNE viene profundizando la desconfianza de la población en los resultados electorales y, en consecuencia, en la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro.
Después de que millones de venezolanos protestaran por varios días en las calles y a cacerolazo limpio pidiendo que se aceptara un conteo voto a voto de las cajas electorales, y bajo la presión de la OEA, la Comunidad Europea y varios gobiernos de Latinoamérica (particularmente de sus pares de Unasur) la rectora Tibisay Lucena anunció el jueves 18 de abril que aceptaba la verificación del 46% restante de las cajas de resguardo. Un 46% que, en la suma del CNE, se transformó en 12 mil cajas, y no en las más de 18 mil que corresponderían en realidad.
Lamentablemente esta “buena voluntad” de un CNE que supuestamente busca la conciliación ciudadana, dio rápidamente pruebas de que era una oferta engañosa, cuando comenzaron a salir a flote algunas trampas puestas en el camino de la verificación:
1) A pesar de que lo más sencillo hubiese sido convocar a los miembros de mesa y los testigos para que fueran a sus centros de votación para hacer las “verificaciones ciudadanas” el domingo 21, el CNE optó por un procedimiento aún no definido.
2) Causa suspicacia que se fijase un lapso de 30 días continuos, contando desde su inicio, para completar la auditoría del proceso de votación, aun cuando la Ley Electoral contempla 15 días hábiles desde la realización de los comicios para las impugnaciones. ¿Será que con este desfase de fechas entre la auditoría y los límites para la impugnación se aseguraban que se rechazarán muchas de ellas por “extemporáneas”?
3) Se excluye de la auditoría a los centros con una sola mesa de votación, bajo el supuesto de que éstas ya fueron “verificadas”. Esto a sabiendas de que es en estos centros donde se registra el mayor número de irregularidades: En gran número de ellos no se permitió la presencia de testigos de la unidad democrática y, según las actas, casi no hubo abstención y “casualmente” en estos centros casi todos los electores votaron por el oficialismo. Lo más seguro es que al ponerle la lupa a los cuadernos de votación de estos centros se conseguiría un sin número de firmas planas, de muertos votando o de huellas repetidas en serie.
4) Lo más grotesco de la emboscada que planea el CNE, son las declaraciones de la rectora oficialista, Sandra Oblitas. Desde que se fueron los invitados internacionales que vinieron a la juramentación de Maduro, Oblitas viene repitiendo que la verificación autorizada por el CNE es una “auditoría técnica” que “verifica el funcionamiento de la plataforma y no verifica resultados electorales", acusando de rebote a la dirigencia opositora de crear “falsas expectativas”.
El juego del CNE está al descubierto. Ya Henrique Capriles, su Comando Simón Bolívar y los representantes de la unidad democrática han informado que no aceptarán auditorías chimbas que avalen falsamente la transparencia de este proceso de votación.
Con recursos democráticos se agotarán todas las vías nacionales e internacionales para demostrar las miles de ilegalidades de estos comicios que le ponen el plomo de la ilegitimidad al gobierno de Maduro.
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