Los chavistas andan ahora en una cruzada contra la corrupción. Hay que ser demasiado ingenuo para creerles, pero en todo caso desde aquí les planteamos un caso con el cual pueden demostrar que, por fin, el trecho entre el dicho y el hecho se va a cerrar.
Hace varios años tres ciudadanos murieron en la delegación del Cicpc ubicada en El Rosal, en Caracas. En aquella oportunidad los medios de comunicación se hicieron eco de las denuncias de diferentes ciudadanos sobre la corrupción reinante en dicha dependencia.
Dónde dormir, recibir un mejor trato, cuándo acudir al tribunal, todo tenía sus tarifas, cobradas por los funcionarios policiales.
Quien crea que las denuncias surtieron efecto se equivocó de punta a punta. Debe ser que la fiscal Luisa Ortega no tuvo tiempo de realizar la investigación, pues ella es diligente cuando se trata de encarcelar opositores al proceso.
De la directiva del Cicpc no se puede esperar mucho. El caso es que nos dicen que la cosa sigue casi igual. No crean que la diferencia es que hay menos corrupción, sino que hay que pagar más.
La inflación no perdona. Las cantidades van en aumento y quienes están detenidos tienen que contar con buena cantidad de dinero en efectivo, ya que deben hacer una vaca para cancelar el desayuno, almuerzo y cena de los funcionarios, que en ocasiones se antojan con cenar sushi.
A veces les provoca tragar pizzas. En otras oportunidades sus paladares no se conforman con comida rápida, quieren algo más elaborado, digamos comida gourmet. Sabemos que la Fiscal lee a este minicronista. También sabemos que nunca atiende sus denuncias, pero la esperanza es lo último que se pierde.
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