La economía de Venezuela hace aguas: Una inflación que acumula en los primeros tres meses de 2013 7,9%, más del doble que el registrado en el mismo período en 2012; una escasez de alimentos básicos que ronda el 17,7%, según el propio BCV; una fuerte sobrevaluación del bolívar; unas reservas internacionales de apenas $4,0 millardos, que cubren poco más de tres semanas de importaciones, en un país que importa el 80% de lo que consume; una Balanza de Pagos constantemente negativa; un déficit fiscal de alrededor de 19% del PIB; el endeudamiento de la nación que llega a casi los $200 millardos (=80%del PIB); y la principal fuente de ingresos, PDVSA, cada vez más comprometida para generar los recursos que requiere la República.
Esto se adereza con un sector productivo que lleva años acorralado por leyes en exceso punitivas, controles de precios de todo tipo produciendo en muchos casos por debajo del costo. Un sector que ahora además se ve impactado por el incremento de los costos y teniendo que cumplir exigencias laborales que atentan contra la ya mermada producción, así como por la disminución desde inicios del 2013 del flujo de divisas, debido a la desaparición del SITME, y la mora en la entrega de los dólares Cadivi, que en algunos casos llega a 200 días, deuda que suma entre $8 y $12 millardos.
El resultado es una crispación creciente que comienza a sentirse en la población a la que los ingresos no le alcanzan para satisfacer sus necesidades vitales de sobrevivencia, incluyendo los productos de la dieta básica y medicinas cuando logran encontrarlos en algún anaquel.
Esta caótica situación de la economía venezolana llegó a tal nivel, que el Ejecutivo Nacional se ha visto en la necesidad de enviar señales de acercamiento con el sector productivo privado a través de diferentes emisarios del gabinete remozado de Nicolás Maduro.
Una de éstas fue la reunión del pasado 3 de mayo que sostuvieron los recién estrenados Nelson Merentes (ministro de Finanzas); Edmée Betancourt (presidente del BCV); Félix Osorio (ministro de Alimentación) y representantes de Cadivi, Fonden y Fondo chino con representantes de 22 áreas del sector privado.
Del encuentro salieron tres pañitos tibios: 1) El anuncio de un nuevo plan para resolver los retrasos en la entrega de divisas en el corto plazo, el cual comenzará con la aprobación de $2,6 millardos (=85% de las solicitudes con retraso). 2) La instalación de mesas de trabajo con los empresarios. 3) La reapertura del SICAD y una imprecisa mención sobre la posible participación de las PYME y personas naturales en las subastas, el nuevo mecanismo para accesar a divisas alternas.
Queda en el ambiente el amargo sabor de que nada cambiará, pues en esta economía socialista revolucionaria que siguen empeñados en imponer no se ve decisión alguna para corregir las desviaciones estructurales y legales que produce el castrocomunismo, que lleva a la penuria y al retroceso en el bienestar de la población.
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