La herencia “revolucionaria” que le legó el difunto Chávez a su ungido Nicolás Maduro no se circunscribe sólo a su vocación controladora y persecutoria del sector productivo nacional, sino que también involucra la afición de cercenar los derechos humanos a la fuerza disidente.
El legado de Chávez en esta materia se sintetiza en los 174 venezolanos que han sido puestos tras las rejas de las prisiones políticas en los 14 años que este mandatario estuvo en el poder, y en los miles que hoy son perseguidos y obligados al exilio por disentir de su visión de país.
Para no quedarse atrás, y superando a su mentor en esta materia, el heredero mostró rápidamente su predisposición a irrespetar los derechos humanos cuando, tras las cuestionadas elecciones del 14 de abril, se estrenó con casi 195 detenciones de ciudadanos que protestaban los resultados de los comicios en diferentes partes del país, con el agravante de que muchos de ellos fueron objeto de flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Y si esto no fuera poco, a estas detenciones se le agregan:
1) La privación de la libertad del cineasta Timothy Tracy, acusado de estar involucrado en un imaginario complot con militantes opositores para desestabilizar Venezuela. Hecho este negado por el Gobierno de los Estados Unidos y por un amplio grupo de cineastas y profesionales de la comunicación, la cultura y las artes quienes avalan la actividad profesional del cineasta y solicitan al gobierno nacional la pronta libertad de Tracy con quien se está “incurriendo en una violación específica de la libertad de recoger y divulgar información en su territorio, la cual está garantizada en la Constitución vigente de nuestra República”.
2) La vil emboscada y detención del general(r) Antonio Rivero, ex director de Defensa Civil y militante del partido Voluntad Popular, quien está siendo procesado por presuntamente “instigar al odio y por estar asociado para cometer delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
Como explica el jurista Alberto Arteaga “para instigar al odio se requiere que se haga un llamado serio e inequívoco a la lucha de unos ciudadanos contra otros y a la exclusión violenta de un sector de la población por razones políticas, de raza o de posición social, de modo que se afecte la tranquilidad pública o la paz ciudadana”. Actos que, como es público y notorio, no han sido cometidos por Rivero.
Y para que “se incurra en el delito de asociación para delinquir, según la Ley contra la Delincuencia Organizada, es necesario que se forme parte de un grupo de tres o más personas con el fin de cometer delitos que se catalogan como de crimen organizado o que se pertenezca a una asociación que persiga tales fines”, y el delito de Rivero es pertenecer a Voluntad Popular. ¿Será que en la época de Maduro se equiparará a los partidos políticos con las organizaciones criminales?
Hoy Rivero lleva 11 días en huelga de hambre, sólo cabe pedir que el heredero de Chávez no quiera emular a su mentor y busque dejar morir de mengua a Rivero, como Chávez a Franklin Brito.
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