Entre el esfuerzo que viene haciendo un grupo de parlamentarios, encabezado por Edgar Zambrano, y la acción del gobierno al poner en libertad a unos pocos presos políticos, se ha creado en el país un ambiente muy propicio para que el gobierno complete esta faena abriendo las rejas que aún retienen a lo que relativamente es un grupo reducido de presos políticos y a un nutrido grupo de exilados.
Es de justicia reconocer sobre todo el trabajo de Zambrano y sus colegas, y en menor medida la actitud del gobierno, el cual, en general, ha dado algunas respuestas positivas, aunque todavía insuficientes, al clamor que pide la libertad para los presos políticos.
La verdad es que la existencia, todavía, de gente en prisión o expatriados por razones de orden político es rescoldo de un período de la vida nacional que puede considerarse ya superado y que, por tanto, hace injustificable que permanezcan todavía encarcelados o en el exterior quienes lo fueron por causas derivadas de lo que se vivió durante aquellos años de violencia.
Por cierto, a este propósito, la tradición venezolana, desde el siglo XIX, ha sido de relativa indulgencia, e incluso de generosidad, con quienes resultaban prisioneros, sobre todo en la interminable cauda de guerras civiles precisamente en el siglo XIX. Quien rompió esta tradición fue la particularmente cruel dictadura del general Gómez, quien dejó a muchos de sus adversarios en la cárcel durante décadas.
Pero tal como están las cosas en estos días, dado el ambiente al que nos referimos, es factible que el Parlamento (para lo cual, desde luego, es fundamental que la fracción mayoritaria, que es la oficialista, asuma esa determinación) dicte una Ley de Amnistía o que el Presidente ejerza sus potestades al respecto o los mismos tribunales involucrados usen fórmulas que tienen a la mano para esos efectos. Por una o varias vías se puede resolver de modo general y en conjunto la cuestión de los prisioneros de orden político, abriendo las rejas para esos 21 compatriotas que todavía se encuentran en esa condición y se permita la vuelta de decenas de exilados. Objetivamente, pues, el balón está en el campo del gobierno. Y, al parecer, la situación es la más propicia. Incluso porque el Papa abogó por la paz y la armonía de nuestra traumatizada república en su encuentro con Nicolás Maduro.
Pero por otra parte no hay que olvidar que desde las elecciones de abril vivimos en un país dividido en dos mitades o que, crisis mediante, se ha llegado a avenimientos significativos entre gobierno y empresarios y, en general, se sienten pequeños y no tan pequeños signos de que otros escenarios políticos parecen aposentarse en nuestra realidad. Y, por último, que la mayoría de esos casos provienen de una justicia bastante deformada y tramposa, polarizada a más no decir, que nunca ha convencido a nadie de que unos pocos policías son culpables de los desastres del golpe de abril o que es muy claro el caso Anderson que permanece en los clarividentes ojos de Isaías y su insólito montaje teatral.
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