Una de las malas praxis del castrocomunismo que el impugnado Nicolás Maduro también está copiando de su mentor Hugo Chávez es el ataque a la propiedad privada.
Por un lado, el Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH) publicó un decreto en la Gaceta Oficial del 11 de junio (Nº 40.186) que establece que el propietario de una vivienda de los urbanismos intervenidos o expropiados sólo lo podrá vender a una nueva empresa del Estado, la Inmobiliaria Nacional S.A., durante los primeros cinco años desde la fecha de protocolización del documento definitivo de compra.
Después de pasado ese quinquenio se le dará libertad al propietario para la disposición de su inmueble.
También indica la resolución que el precio de venta de estas viviendas se fijará con base al precio por el que fue adquirido, ajustado por la inflación mediante el cálculo especificado en la Ley de Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles para los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad.
Es decir, estas viviendas por un lustro sólo se podrán vender al gobierno al precio que éste decida. Una expresa violación al artículo 115 de la Constitución que establece la libertad de cada ciudadano de disponer libremente de sus bienes.
Con este decreto del MVH, Maduro le pone la guinda a la torta que inició Hugo Chávez en noviembre de 2010 con la expropiación de desarrollos urbanísticos que se encontraban en construcción, así como la ocupación temporal y medidas especiales contra otros urbanismos que estaban casi listos para su entrega. Una torta que ha vulnerado los derechos de los constructores y propietarios por igual, ha causado graves perjuicios a la industria de la construcción privada y, por ende, ha agudizado el déficit de viviendas en el país. Y que ahora, con las nuevas limitaciones y controles impuestas por el decreto 40.186, profundizará la inseguridad jurídica de empresarios y propietarios privados y agravará la escasez de oferta habitacional.
Mientras se ataca de esta manera a la propiedad privada, a los beneficiarios de las viviendas de la Gran Misión Vivienda no les va mucho mejor.
Hoy estos venezolanos están sufriendo, las consecuencias de las violaciones a todas las normativas cometidas por el gobierno en la construcción de las viviendas como serían, entre otras, el incumplimiento en materia de: estudios de suelo, respeto a la zonificación, previsiones contra sismos e incendios, calidad de los materiales, capacidad de prestación de servicios públicos e, incluso, la norma municipal de que cada apartamento debe contar al menos con un puesto de estacionamiento.
Peor aún es que a estos millones de venezolanos se les ha mentido al no otorgarles sus documentos de propiedad, sino papeles de adjudicación del inmueble que no les garantiza su derecho constitucional de uso, disfrute y disposición de su bien.
En la visión castrocomunista del gobierno estas viviendas en definitiva son una concesión “generosa” de la revolución a la que se le pagará con votos de agradecimiento de por vida.
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