Piratería parlamentaria, tremendura política y concha de mango. Con esas tres frases, entre otras, rechazó el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, el capitán Pedro Carreño, la propuesta hecha por los diputados de la Mesa de la Unidad para renovar los poderes judicial y electoral, y designar al Contralor.
También afirmó Carreño que la vida institucional del país era totalmente normal, lo que es cierto, pues cada quien puede entender la normalidad como le parezca. Para la bancada del PSUV es normal que el país no cuente con un contralor desde junio de 2011 cuando falleció el último titular de ese cargo, Clodosbaldo Russian, quien presentaba sus informes sobre hechos de corrupción rojos rojitos, los cuales eran ignorados olímpicamente y eso que el finado se prestó, con entusiasmo, a perseguir a políticos opositores a quienes su decisión despojó de derechos políticos. La actual encargada de ese despacho también presenta informes donde señala corruptelas y le paran lo mismo que a su antecesor.
En el Tribunal Supremo de Justicia, se tomó en diciembre pasado la decisión de jubilar a algunos magistrados incómodos para el madurismo, como la doctora Blanca Rosa Mármol de León, pero hay 10 magistrados con el período vencido que tienen que ser sustituidos, cuyos cargos ocupan sus suplentes fuera de toda lógica, que indica que un suplente es tal en la medida en que el titular lo sea también. En el mundo al revés del TSJ ello no ocurre, y por eso sacaron a los titulares dejando a los suplentes como si fueran sustitutos.
En el poder electoral, los rectores promovidos por la sociedad civil, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, tienen que dar paso a otros ciudadanos pues se les venció su lapso. La excusa para no sustituir a los referidos es que en diciembre hay elecciones. La razón verdadera para no cumplir con lo que establece la Constitución es la falta de votos que tiene el partido gobernante para nombrar en esos cargos a quienes a ellos les dé la gana, tal como hicieron en el pasado, siendo además que ni Tania D’Amelio ni Socorro Hernández pueden ser presidentas del CNE o de la Junta Nacional Electoral (la oficina que efectivamente monta las elecciones) puesto que tales cargos están reservados para los rectores postulados por la sociedad civil y no los poderes públicos.
La verdadera concha de mango que pone Carreño y sus amigos del partido oficial es que en la actualidad no sería posible que una militante del PSUV como D’Amelio se convierta en miembro del ente electoral.
Ni que otro militante de ese mismo partido como Juan José Mendoza se convierta en magistrado del máximo tribunal del país. En esta oportunidad, si se cumple lo establecido en la Carta Magna, ambos sectores tienen que sentarse a conversar y ponerse de acuerdo, pues ninguno de ellos tiene los votos suficientes para imponerse.
Estamos frente a una gran oportunidad para privilegiar el diálogo y lograr unos poderes más equilibrados. Eso sí sería normalizar la vida política e institucional del país. En el caso del TSJ, se requieren magistrados que no se presten a ser ejecutores de sentencias políticas dictadas desde Miraflores o de la sede del partido gobernante, mucho menos que salgan huyendo luego como Eladio Aponte Aponte o, antes, Luis Velásquez Alvaray. En cuanto a los rectores, después de su última perfomance la imagen del poder que representan quedó bastante maltrecha para un porcentaje importante de venezolanos, por lo que se requiere nombrar a ciudadanos que no se hagan de la vista gorda ante los desmanes y abusos que el oficialismo comete en cada campaña electoral, que le pongan el cascabel al gato y garanticen unas elecciones igualitarias, justas y transparentes en todo sentido. Estas pretensiones pueden parecer ingenuas visto lo visto todos estos años y estos últimos meses, pero si el madurismo quiere ganar respetabilidad ante la comunidad internacional tiene una magnifica oportunidad de lograrlo, y no es solo visitando otros países para hacer mercado, cuadrar negocios y fotografiar carantoñas.
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