La aún cuestionada Presidencia de Nicolás Maduro avanza como el cangrejo, dando unos pasitos pa’ lante, otros pa' los laos y otros pa’ trás.
Por un lado, inicia un supuesto acercamiento con el sector productivo instalando mesas “técnicas” de trabajo con ministros y empresarios de diversos sectores. A la par, se entrevista con el Papa Francisco, para hablar de paz, diálogo y reconciliación.
Pero, por otro lado, surgen signos que indican que se está gestando una redoblada represión que podría tener consecuencias nefastas para el país.
Vuelve, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) con expropiaciones de tierras productivas, como fue el caso del hato La Palma, tierra supuestamente “ociosa” con más de 2.700 vacas productoras de leche. Además, el gobierno se sigue haciendo la vista gorda ante las invasiones de inmuebles. Y sigue, por otra parte, la arremetida en contra de las universidades autónomas.
Igual de grave es la avanzada en contra de la Gente de Petróleo, es decir los miles de venezolanos que fueron despedidos de PDVSA después de los hechos de diciembre 2002-marzo 2003. A 183 de estos extrabajadores de PDVSA se les ha “informado” a través de un aviso en el periódico que el Auditor Fiscal de PDVSA tiene listo su informe que supuestamente los inculpa por el colapso de la estatal, a sabiendas que el real responsable de la debacle es Rafael Ramírez y su corrupto e ineficiente combo de boliburgueses. Con ello matan dos pájaros de un tiro, pues evadirían el pago de sus prestaciones y cuentas de ahorro, confiscadas arbitrariamente.
Ramírez, con total caradurismo, se está sacudiendo también su responsabilidad en la tragedia de Amuay ocurrida el 25 de agosto de 2012, para achacársela a la oposición y a “el imperio”.
Para colmo, se montó todo un teatro, al denunciar que la Gente de Petróleo estaba involucrada en una supuesta compra de 18 aviones de guerra para invadir a Venezuela desde Colombia. Un complot donde no podían faltar, obviamente, un show de presuntos “paramilitares” de la derecha colombiana detenidos supuestamente con las manos en la masa portando rifles de asalto, granadas y pistolas, armas que según el Ministro de la Defensa estaban destinadas a asesinar a Maduro.
Además, el gobierno persiste en culpabilizar al líder democrático Henrique Capriles de los 11 venezolanos fallecidos durante los disturbios que se generaron luego de las elecciones del 14 de abril de 2013, según se infiere del extracto del Informe que circuló la Defensoría del Pueblo titulado “15-A 2013, Del desconocimiento de los resultados electorales a la violencia fascista en Venezuela”.
Con esto se repite de nuevo el guión de los hechos de abril de 2002 cuando se le echó la culpa de la violencia a terceros, cuando fue el mismo presidente Hugo Chávez el verdadero responsable de la emboscada que terminó en el asesinato de venezolanos inocentes que manifestaban.
Hasta el presente persiste la persecución y acusación a los comisarios y policías metropolitanos, a quienes se les niega injustamente el derecho a acceder a los beneficios procesales que por Constitución les corresponden.
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