En estos cuatro meses de gobierno, Nicolás Maduro ha demostrado con creces no tener el olfato para escoger el momento oportuno para emprender las batallas que quiere enfrentar.
Una evidencia de esta falta de olfato es la forma como quiere enfrentar la crisis del sistema de salud, es decir aplicando de nuevo una política de control de precios que llevará a la destrucción inexorable de las clínicas privadas.
Y si esto ya de por sí traerá consecuencias nefastas a la salud y la vida de los ciudadanos, más inverosímil es que esta cicuta al sector privado de salud se aplica justo cuanto la red hospitalaria del Estado está en su peor momento y cuando las estadísticas demuestran cifras rojas en áreas neurálgicas de la población más vulnerable, como lo son la salud materno-infantil y los enfermos de cáncer, precisamente el letal padecimiento que llevó a Chávez a su tumba.
Son graves, gravísimas, las denuncias sobre la falta de insumos y equipos por la escasez de divisas; o sobre el deterioro evidente de la planta física de los hospitales por falta sostenida de inversión y mantenimiento; o sobre la insuficiencia de personal médico especializado debido a la fuga de talento que busca mejores salarios y calidad de vida extra fronteras.
Son más impactantes aún las informaciones que emanan de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica que indican que entre 10% y 15% de los pacientes con cáncer que requieren radioterapia fallece mientras espera recibir tratamiento en alguno de los hospitales públicos del país, donde casi todos los equipos están paralizados.
Lo peor es que no se vislumbra luz al final de este túnel, si se toma en cuenta el parte médico que hiciera a la prensa nacional el presidente de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica, Juan Eloy Montenegro: De las 19 salas de radioterapia públicas que existen en el país, sólo estarían funcionando cinco. El resto habría sido cerrado por primera vez que se recuerde por inacción de los aparatos.
Este deterioro de los servicios oncológicos viene recrudeciéndose a partir de hace más de tres años cuando Hugo Chávez decidió quitarle a las gobernaciones la administración de los hospitales públicos. Desde entonces la falla venía siendo subsanada, en parte, por las clínicas privadas, pero hoy éstas también comienzan a agonizar por el impacto de la providencia 294 de la Sundecop. Lo dramático es que en Venezuela hoy existen unas 2.000 personas que requieren radioterapia “pero no han podido recibirla o interrumpieron las sesiones porque los equipos se dañaron”. El retardo del gobierno de Maduro en solucionar esta situación y proceder a autorizar la firma de la renovación de los contratos de mantenimiento, pone a estos venezolanos en riesgo de muerte.
Por si esto no fuese la gota que derrama el vaso de la incompetencia del gobierno en materia de salud, estalla en la cara a los ciudadanos la dolorosa noticia de que en Venezuela entre el 1° de enero y el 27 de julio de 2013 cada día fallecieron en promedio 16 niños menores de un año por problemas que pudieron ser prevenidos en el control prenatal.
Estas muertes de infantes no solo alejan a Venezuela de las metas fijadas por la ONU de disminuir en tres cuartos la tasa de mortalidad infantil entre 1990 y 2015, sino que enlutan a otras miles de familias, en un país donde según la Organización Mundial de la Salud unos 700 niños en la última década han visto segadas sus vidas por una bala perdida.
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