Una forma de ver la economía es como si fuera un silla de tres patas: El sector productivo, los trabajadores y el gobierno.
Lamentablemente, la historia de los últimos 14 años es de un gobierno empeñado en destruir la otras dos patas. Ya es harto conocida la destrucción sistemática del sector productivo.
Lo que es menos conocido es la destrucción de los sindicatos y, por ende, de los derechos de los trabajadores.
El sector sindical ha sido demolido con incumplimientos y moras de las cláusulas contractuales, deudas de pasivos laborales, desconocimiento e irrespeto al liderazgo legítimo del sindicalismo de base, creación de sindicatos paralelos apadrinados por el gobierno, impunidad ante los sicariatos que azotan a las fuerzas sindicales (sobretodo en el estado Bolívar), criminalización de la protesta y la descarada injerencia del Estado unilateral en las políticas laborales.
Hoy el movimiento sindical está atomizado y debilitado. Se ha convertido en cera blanda en manos de un gobierno que deja a una masa laboral de unos 13 millones de trabajadores en un estado de indefensión de sus derechos y confrontados por una lucha de clases innecesaria.
La división de la representación laboral se hace patente cuando paralelamente se registran, por un lado, recurrentes protestas laborales (más de 1.600 en lo que va de año según el Observatorio de Conflictividad Social); mientras que por otro, pervive un sindicalismo que ha revertido sus valores y que celebra cómo el Estado desmantela las conquistas laborales y participa en la destrucción de fuentes de empleo estables.
En el ínterin en este largo gobierno que se autodefine como “obrerista" los trabajadores han visto mermar su calidad de vida, con salarios de hambre, inflación al galope, e inseguridad jurídica que impide elevar las inversiones como vía para garantizar empleos estables.
Por si fuera poco, a estos males se le suman las deudas del Gobierno con los trabajadores, inclusive con quienes forman parte de la nómina pública y jubilados, así como también el incumplimiento con los compromisos contractuales y el aplazamiento de la discusión de contratos colectivos de un patrono como el Estado venezolano que tiene bajo su responsabilidad a unos 2,4 millones de trabajadores. Más de 300 convenciones estarían pendientes por discutir, afectando a por lo menos 1,5 millones de personas.
Pero las faltas y arbitrariedades del Gobierno “obrerista” no son sólo reivindicativas, sino también legislativas: Por un lado, una larga lista de leyes duerme en algún cajón del Parlamento, entre ellas, las de Pensión y Salud, que forman parte de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de 2002 y la reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, mediante la cual se daría prioridad al empleo joven.
Por otro se aprueban leyes que luego se utilizan en contra de la clase obrera para criminalizar las protestas, entre estas, la Ley de Seguridad de la Nación; la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La guinda de esta torta es la propuesta de Ley de Consejos Socialistas de Trabajadores, con lo que se daría la estocada final a la dirigencia sindical a la par de meter un caballo de Troya que termine de cercar a las empresas.
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