KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
La Defensoría del Pueblo no se desprende de los tintes políticos, aun cuando se supone se trata del órgano que tiene que velar por el respeto de las garantías ciudadanas independientemente del Gobierno de turno.
Según un reciente informe elaborado por varias organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en una instancia partidaria y no independiente que, si bien quizás no reciba instrucciones directas, públicas y formales de un partido u otra entidad del Estado, actúa con apego y seguimiento a líneas del Poder Ejecutivo y a su coalición política.
Este apego al "proyecto bolivariano", se ha hecho muy evidente sobre todo en el desempeño de la actual titular Gabriela Ramírez, quien desde 2007 cuando asumió el cargo (siendo diputada a la AN por el partido de la alianza oficialista Unidad de Vencedores Electorales), hasta marzo de 2013, tiempo en el que concluye el estudio, ha dado muestras de tener una clara identificación roja rojita.
De acuerdo con el análisis hecho por Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación ¬ Acción en Derechos Humanos, la sola escogencia de su cargo sin la participación directa de la sociedad civil, incide negativamente en la independencia con el Gobierno.
VIOLACIONES IGNORADAS
Se evidenció que la Defensoría se ha enfocado en atender primordialmente el área de los servicios públicos y poco ha hecho sobre derechos humanos, pese a que las denuncias recibidas sobre el primer ítem solo alcanzan un 7% del total.
Al conjunto de ONG les llama la atención que la web de la institución tenga una sección de "Denuncias" con solo las siguientes opciones directas: denuncias sobre servicios públicos y denuncias contra funcionarios de la misma DP. Resulta que al abrir la primera opción es posible realizar en ella de manera indistinta, tanto denuncias sobre servicios públicos, como denuncias sobre vulneración de derechos humanos.
Sin embargo, la manera en que está presentada la página no estimula directamente lo relativo a derechos. En consecuencia, las organizaciones rechazan que se hayan hecho importantes omisiones en el tratamiento de casos o situaciones emblemáticas, particular- mente en lo que respecta a los derechos civiles y políticos, que sí concentran el mayor número de acusaciones por parte de la población".
Sobre la juez María Lourdes Afiuni, la persecución contra el líder cacique Sabino Romero y la muerte del agricultor Franklin Brito, nada ha dicho el órgano del Poder Ciudadano.
Tampoco se ha pronunciado sobre la libertad de expresión, los cierres de medios de comunicación (RCTV en 2007 y 34 estaciones de radio en 2009), restricciones, procedi- mientos arbitrarios y agresiones contra periodistas.
De igual forma pasó desapercibidopara la Defensoría el grave problema del asesinato de más de 327 trabajadores o sindicalistas en contexto de pugnas intersindicales desde el año 2005. Además, existe un marcado subregistro de casos de violación de derechos humanos.
Por ejemplo, en su informe de 2005, la DP reconoce la existencia de 21 denuncias sobre discriminación política. No obstante, Control Ciudadano señala que del 1 de enero de 2003 al 15 de junio de 2007 se registraron más de 1.200 casos de este tipo.
NO ACEPTA CRÍTICAS
El ojo internacional, así como los instrumentos de los que Venezuela forma parte no han sido del visto bueno para Ramírez, pues uno de los rasgos de su gestión ha sido la falta de estímulo al cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos, así como el cuestionamiento de los órganos de protección y su desacato a sentencias y resoluciones internacionales y regionales.
Mientras que con la evaluación interna que se hace el mismo despacho prácticamente le otorga 20 puntos a su actuación.
Los distintos informes de la Defensoría lejos de constituir una herramienta para el debate amplio sobre la situación de los derechos en Venezuela, ha sido instrumentalizado como un mecanismo más de propaganda del Gobierno. La omisión frente a abusos de poder es una constante.
En su Informe 2012 la DP afirma haber realizado 30 informes de seguimiento a medidas provisionales de la Corte IDH, incluyendo casos de cárceles o defensores de DDHH. Sin embargo, no existe evidencia de acciones directas de la DP para garantizar los derechos de estas personas.
SÓLO CON EL CLAN
La DP solo mantiene relación con organizaciones vinculadas al llamado "Poder Popular", alineadas con el proyecto político de la revolución bolivariana.
No existen espacios de interlocución ni cooperación conorganizaciones independientes e históricas de la sociedad civil de derechos humanos o desarrollo social.
Más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil quedaron al margen de ser informadas, convocadas o consultadas por el Estado venezolano para elaborar el Informe Nacional sobre la situación de los derechos humanos que éste presentó al Examen Periódico Universal en 2011, por no actuar en el ámbito de las Organizaciones del Poder Popular.
POSANDO JUNTO A CHÁVEZ
La cuenta institucional de la Defensora del Pueblo, @gabrieladelmarp, creada el 27 de diciembre de 2012 para supuestamente divulgar las actividades que se generen en materia de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos por parte de la institución que preside.
Una análisis de sus primeros 100 tuits muestra que sólo 18% de ellos corresponden a contenidos institucionales. En contraste, el 23% se refiere a la muerte y memoria deChávez. Una cuarta parte son mensajes políticos y de apoyo al candidato a las elecciones por la coalación oficial o en contra del candidato de la oposición; hay dos tuits sobre derechos humanos en Guantánamo, y ninguno sobre situación de derechos humanos en Venezuela.
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