Era de esperar que Nicolás Maduro tocara el tema de la seguridad ciudadana con amplitud, profundidad y transparencia en su “Memoria y Cuentas” de este miércoles 15 de enero y, también, que informara con meridiana claridad cuál sería la estrategia a seguir para combatir contundente y efectivamente el flagelo de la delincuencia que está mermando a la población venezolana.
Y es que estar entre los cinco países más peligrosos del mundo, y que cinco de sus ciudades principales y capitales de estado estén dentro de las 80 más violentas del globo no es cosa para tomarla a la ligera, ni por los gobernantes responsables directos e incuestionables en enmendar la situación ni por sus habitantes que son los que tienen en vilo sus vidas.
Tampoco es cuestión de evadir que 24.763 ciudadanos fueron víctimas de homicidios, (12 % de la tasa de mortalidad general de Venezuela), como lo reveló un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Dicho de otra manera, en Venezuela se registraron 79 homicidios por cada 100.000 habitantes, en contraste con el promedio de 15 por cada 100.000 habitantes del Hemisferio Occidental.
No era un tema para tratar a la ligera ni con la cara lavada, como si no hubieran tenido durante 15 años la responsabilidad en sus manos de controlar y combatir la delincuencia, “reconocer” que luego de 15 años en el poder “todavía” no se ha “alcanzado la verdadera y plena participación de toda la comunidad y del pueblo en la lucha contra la criminalidad". La gravedad y trascendencia del tema tampoco es para conformarse con aceptar un mea culpa de palabra y oír a Maduro decir que el Gobierno bolivariano está "en deuda con el pueblo (...) en cuanto a la construcción de un modelo de seguridad pública, un modelo de cuño socialista y humanista" y llamar a debatir "los antivalores de la muerte" que transmiten los medios.
Es una total irresponsabilidad y falta de respeto a los familiares y deudos de los casi más de 200.000 ciudadanos que han perdido la vida en estos tres quinquenios echarle la culpa de la delincuencia generalizada a los medios de comunicación y a sus mensajes. Es una bofetada a la inteligencia que Maduro quiera lavarle las manos y la cara a quienes han propiciado con sus políticas (y con la ausencia de otras) el descomunal salto de víctimas de la violencia que se quintuplicaron desde 1998, según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia.
Es responsabilidad del gobierno el haber desmantelado a las policías regionales y municipales y desarticulado la acción policial coordinada, para crear una Policía Nacional Bolivariana, altamente politizada, deficientemente entrenada y mal orientada vocacionalmente, indigentemente dotada, y en extremo mal pagada. Su política policial ha sido parte del problema y no la solución.
También es responsabilidad del gobierno de los bolivarianos haber hecho del sistema de justicia un apéndice del poder ejecutivo. Los tribunales ocupados en bailar al son que les marca la Presidencia para ajusticiar a políticos, disidentes y empresarios, dejan de lado la administración y aplicación de Justicia (apenas un 2% de los homicidios cometidos entre 1999 y 2012 habían sido resueltos por el Ministerio Público). La pérdida de esta independencia es parte del problema de la delincuencia, y no se orienta a su solución.
Además ha sido entera responsabilidad del gobierno imponer un sistema penitenciario inhumano, contrario a la educación y a la reinserción de los presidiarios a la sociedad. Un sistema alcahuete que no es parte de la solución sino que al amparar a pranes y a delincuentes incrementa la violencia en las calles.
Es directa responsabilidad de los gobiernos de Chávez y de Maduro que en Venezuela haya crecido a niveles incontrolables el monstruo de la violencia y la delincuencia, al dejar en el olvido la enseñanza de valores, principios y civilidad, para imponer la agresión, el desprecio al contrario y la impunidad.
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