Maduro este miércoles 15 de enero fue a la Asamblea Nacional supuestamente a cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas a la Nación sobre la gestión de gobierno en 2013, año cuando detentó el poder como presidente encargado, primero, y presuntamente electo después.
Sin embargo, esta Memoria y Cuenta del sucesor de Chávez no se ajustó en absoluto a lo que debe ser esta obligación anual que tiene todo funcionario público, como es el presentar a la Asamblea Nacional, poder público que debería ser representativo de todos los venezolanos, una exposición razonada y suficiente de las estrategias, planes en general, objetivos, metas y resultados, con sus respectivos informes económicos y financieros, de la gestión del año que antecedió.
Si se analizan bien las cosas, Maduro tuvo razones suficientes para no entrar en esas “minucias”: NO tenía NADA positivo qué mostrar de la gestión de un año que terminó siendo el más terrible en cuanto a resultados económicos y sociales, con una inflación que casi pasa la barrera del 60%, escasez generalizada, delincuencia y corrupción desbordadas, resultados electorales amañados y aplazado en todos los índices internacionales de medición de desempeño público.
Sin embargo, las razones de fondo de Maduro y su combo para no rendir la memoria y cuenta de manera tradicional y legal no es el fracaso de su gestión. La razón de su incumplimiento constitucional radica en que un gobierno con vocación dictatorial NO tiene en su esquema rendirle cuentas a nadie, menos aún al país del que se asumen son dueños y señores.
Con respecto a la otra obligación del mandatario de entregar al Parlamento los lineamientos de gestión para el año que comienza, lo que Maduro dio, fue un menú muy confuso y contradictorio:
1) Fusiones de organismos económicos (Ministerio de Finanzas con Banca Pública y Sundecop con Indepabis).
2) Un ambiguo y nada transparente proceder en materia cambiaria, informando que sigue pero desaparecerá Cadivi, dejando en ascuas a amplios sectores importadores a los que el Estado les adeuda cifras millonarias; manteniendo el cambio oficial a Bs.6,30:$ durante todo 2014 y más, negando así una devaluación abierta que es imposible de evitar sin seguir incrementando las distorsiones económicas; y anunciando una reforma la Ley de Ilícitos para establecer “mecanismos de sistemas complementarios”.
3) El anuncio de una ley habilitante para fijar precios y costos “justos”, que establecerá ganancias máximas de 30% a todas las actividades económicas.
4) Ratificando la determinación de darle al Estado el rol de único importador, proveedor y distribuidor al mayor de bienes y productos del país.
5) Nuevos enroques ministeriales donde destaca: Más militares en el poder, uno que comandará las finanzas del país (con Marcos Torres en la fusión del Ministerio de Finanzas y Banca Pública) y un jefe de batalla como intendente de los precios justos, Motta Domínguez, (reinsertado a la FANB); ratificación del poderío económico del policamburista Rafael Ramírez; y el retorno de Nelson Merentes al Banco Central.
6) Repotenció de las amenazas de hostigamiento y prisión para quienes se le antoje por cualquier excusa de tildar de especulador.
7) Y, la guinda de la torta: Realizó una verónica en materia de inseguridad y violencia generalizada, al culpabilizar al mensaje de los medios de comunicación de la delincuencia criminal, a fin de no ponerle el cascabel al hampa que se ampara en una irresponsable política de impunidad y complacencia.
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