Tratos inhumanos

Familiares de estudiantes detenidos denuncian el trato inhumano a sus hijos a quienes les dan comida descompuesta y se les niega agua. Abogada manifiesta que a las parejas de los jóvenes les exigen actas de matrimonio y exámenes para la visita

KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Las esposas de cinco estudiantes detenidos en el estado Aragua el pasado 29 de marzo accedieron a la sede de la Defensoría del Pueblo de Caracas para denunciar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los procesados.

"Hoy cumplen seis días sin tomar agua. Esto no puede ser posible. Ellos no han cometido ningún delito y están siendo tratados como criminales. Están en un calabozo aislado porque hasta hoy no han visto la luz del sol. Están durmiendo en el piso, sin sábanas", asegura Génesis Nadal.

Explica que Alejandro Ledo, Eduardo Tovar, Gerson Perdomo, Paolo Fernández y William Sánchez fueron trasladados sorpresivamente a Rodeo II, aun cuando en la audiencia de presentación el juez de la causa acordó como centro de reclusión Tocorón y Tocuyito.

Nadal asegura que los jóvenes no tienen permitido visitas ni de sus abogados ni familiares, tampoco reciben la alimentación adecuada y sólo se les permite una llamada semanal de tres minutos de duración. Se les acusa por los delitos de agavillamiento, instigación pública, incendio intencional y resistencia a la autoridad.

DETENCIÓN ILEGAL
Ledys Aranguren, esposa y abogada de William Sánchez, denuncia que ha sido violado el debido proceso desde la audiencia de presentación, pues ésta se realizó 60 horas después de la detención, pese a que el Código Orgánico Procesal Penal establece como máximo un lapso de 48 horas.

"Iniciamos el proceso con un privación ilegítima de libertad. Estos muchachos estaban en un sitio residencial a las 8:20 pm comiendo perros calientes. Los residentes de la zona, que en su debido momento se presentarán como testigos, vieron cómo fueron aprehendidos de una manera ilegal por una comisión de más de 50 funcionarios del Sebin y de inteligencia de la policía de Aragua", sostiene Aranguren, al tiempo que señala que no hubo ninguna flagrancia pues lo que se indicó es que se tenía una vigilancia estática y que los cinco estudiantes se dieron a la fuga en el momento de la detención.

De acuerdo con Aranguren, no consta en el expediente el cambio de sitio de reclusión ni las boletas del traslado efectuado el pasado viernes 11 de abril.

"Vale destacar que Rodeo II es una penal de máxima seguridad. Nos preguntamos cuál es lo humanizado. Los alimentos que les dan están en estado de descomposición. Tienen que esperar 30 días para poder ver a la familia y sólo una hora. A las esposas y parejas para entrar les piden actas de matrimonio, concubinato y una serie de exámenes médicos", manifiesta Aranguren.

La jurista exige al Gobierno nacional y a la Defensoría del Pueblo se les respete el trato de inocentes a sus defendidos y que sean devueltos al penal acordado por el juez. "Y que no sea como se nos ha dicho, que por órdenes superiores mantengan a estos muchachos en estado de secuestro. No se puede criminalizar a los estudiantes. Los derechos deben cumplirse", agrega.