Caracas.- La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramìrez, sostuvo que en más de meses no se han llevado a cabo detenciones de personas durante la realización de manifestaciones pacíficas.
Detalló Ramírez que se han producido mil presentaciones ante los tribunales pero han sido por casos de flagrancia en actos violentos. Indicó que de esta cifra el 95% de los detenidos han obtenido medidas cautelares y el restante 5% ha sido sometido a otro tipo de medidas.
Declaró que en la conyuntura actual de protestas han defendido los derechos de quienes están descontentos con el Gobierno, razón por la cual estima no deben hacerse críticas sobre la parcialidad de la institución que dirige a favor del oficialismo. "Cómo se puede decir que estamos defendiendo al Gobierno si nuestra labor ha sido propender a medidas menos gravosas" para los detenidos.
Aseguró que la Defensoría ha hecho su trabajo en el caso de jóvenes detenidos. "He recibido en mi despacho a madres de jóvenes detenidos, hemos mediado, hemos elaborado informes médicos, psicológicos y hemos elevado casos a la consideración del Consejo de Derechos Humanos con resultados positivos".
"Solo el derecho a la vida es absoluto"
La Defensora suscribió la medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia según la cual el derecho a la protesta no es absoluto, dijo que los únicos que deben serlo es el derecho a la vida y que cuando una protesta es violenta lo que priva ese derecho a la vida.
"Los únicos derechos absolutos son la vida y la integridad física que no admiten ponderación de ningún juez, pero la libertad de expresión tiene como límites el honor y a la no propaganda de guerra. De manera que un juez puede ponderar si una expresión de descontento pone en riesgo la vida, ¿las guarimbas no lo hicieron con la (colocación) de guayas de árbol a árbol?", declaró en entrevista con Globovisión.
"El tribunal lo que ha hecho es generar un mecanismo de contención, en Francia tienes que pedir permiso con un mes de antelación y si la protesta supera un número de personas son tres meses de antelación, hay que pagar una fianza si existen daños en esa protesta", agregó.
Dijo que en los casos en los que se han prohibido marchas que tienen como destino instituciones del Estado es por los "antecedentes" y el manejo de información "que no reposa en la Defensoría" y que manejan solo los órganos de "inteligencia" sobre acciones de naturaleza violenta. Aseguró que la Defensoría ha atendido todas las críticas de quienes discrepan del Gobierno y también del desempeño de la institución.
Al ser interrogada sobre las actuaciones de las que tiene conocimiento en contra los colectivos que han sido señalados como violentos, la defensora indicó que los colectivos son agrupaciones de naturaleza social y que cada persona que cometa un delito "será investigada de manera personalísima, pertenezca a un colectivo, a una iglesia evangélica o a una organización de boy scouts".
Defendió la labor social que asegura hacen muchas de esta agrupaciones. "Aquí ninguna persona puede organizarse para la violencia, en el caso de los colectivos hemos más bien recibido denuncias sobre una campaña de discriminación que limita seriamente su organización social, cultural y los trabajos que hacen".
Caso Simonovis
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, señaló que el organismo ha sido promotor de una "informe médico objetivo" sobre la situación de salud del comisario Iván Simonovis, pese que es de conocimiento público el número de estudios que se han realizado y que dan cuenta del padecimiento de Simonovis de más de 19 patologías.
Recordó que sobre este mismo caso, por los sucesos de abril de 2002, ya fueron liberados otros comisarios y que parte de las gestiones para esas liberaciones las realizó la Defensoría. "Pregunten quiénes permanentemente hicieron visitas a estos comisarios", acotó.
Indicó que en la Defensoría "han tenido una mala experiencia" con el caso de Simonovis porque es el mismo comisario el que rechaza la intervención de la institución. "No quiere entrevistarse con nuestros defensores por estar en contra de las instituciones pero sus familiares pueden decir cuántas veces lo hemos atendido pero nosotros no llamamos a las cámaras para hacer de nuestro trabajo un espectáculo. Estamos conformes de cumplir con la Constitución, bandera y juramentos".
"Reitero la independencia del Poder Judicial tanto para el caso del alcalde Edgardo Parra y el comisario Iván Simonovis, esas son decisiones en las que el juez evalúa y decide en función de las condiciones de salud. No podemos opinar, tenemos que acatar las decisiones que emanan de la justicia venezolana".
Video cort., de Globovisión
NDO/El Universal
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