Asimismo, "las fuerzas de seguridad siguieron atacando, amenazando y acosando a defensores de los derechos humanos y a víctimas y familiares de víctimas de violaciones" de tales derechos que intentaban obtener justicia.
Entre otros, AI refiere el caso de Mijail Martínez, un activista de DDHH que fue asesinado en el estado Lara. Al finalizar el año no se había procesado a nadie por el homicidio y la familia "no había recibido protección", dice.
Según la organización, durante 2009 en Venezuela "aumentó el malestar social" y una de las causas fue la nueva ley de Educación.
Sobre el juicio y las condenas a policías acusados de delitos relacionados con el golpe de Estado de 2002, indica que "suscitaba preocupación" la posibilidad de que no se hubiera procesado a "todos" los responsables de los actos de violencia que hubo en el contexto de la intentona golpista.
AI denuncia que "se acosó,amenazó e intimidó a miembros de partidos de la oposición, recurriendo por ejemplo a la presentación de cargos penales falsos".
Y cita en este apartado los casos del estudiante Julio César Rivas, y del opositor Richard Blanco, prefecto de Caracas.
"Se acosó, intimidó y amenazó a periodistas", agrega AI.
En cuanto a la revocación de licencias para 34 emisoras, la organización se remite a lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que la propia declaración pública de las autoridades de que esos medios "(jugaban) a la desestabilización", indicaba que la "decisión de cerrarlas" podría responder a su línea editorial.
AI también declara preocupación por iniciativas para penalizar la divulgación de información "falsa" y "en perjuicio de los intereses del Estado", y relata la agresión sufrida por personal de Globovisión en Caracas, en agosto pasado.
En cuanto a violencia de género, la organización refiere que se crearon más fiscalías y tribunales especializados, pero su número sigue siendo "insuficiente" para "el elevado número de casos".
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