MARISELA CASTILLO APITZ/NDO/TalCualDigital
Desde 2010 el gobierno central presentó su nueva estrategia: la guerrilla comunicacional. Jacqueline Faría, jefa de Gobierno del Distrito Capital, junto con Héctor Navarro, ex ministro de Educación, juramentaron a un grupo de jóvenes caraqueños "que se encargarán de enfrentar la mentira y desinformación promovida por los grandes aparatos mediáticos", según palabras del ex titular de Educación.
La implementación de este método surgió dos años después que Andrés Izarra, ministro de Comunicación e Información, asegurara que el gobierno venezolano se dirige hacia la construcción de "una hegemonía comunicacional e informativa del Estado que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo".
Una hegemonía que el gobierno se tomó bien en serio. Para la fecha el Estado cuenta con seis canales de televisión abierta: VTV, TVES, ANTV, Vive TV, Telesur y Ávila TV, antiguamente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y que pasó a manos del Ejecutivo el mismo año en que Antonio Ledezma ganó las elecciones.
Además de los circuitos Radio Nacional de Venezuela (RNV) yYVKE Mundial, con cuatro canales cada uno, una emisora de la Fuerza Armada Nacional y otra de la Asamblea Nacional, que es transmitida por la señal que utilizaba el Circuito Nacional Belfort (CNB), expropiado en 2009.
En el caso de los impresos, se encuentra El Correo del Orinoco, Ciudad Ccs , el diario VEA , la Agencia Vene- zolana de Noticias y el servicio en inglés y español: VenGlobal News. Datos que indican que la palabra de Izarra se está cumpliendo.
Hasta ahora, Internet es el único medio que se ha salvado. Pero el gobierno ha intentado regularla. En 2010, el diputado del PSUV, Calixto Ortega, propuso discutir la definición de horarios para ciertos portales en Internet, según su contenido.
EL HAMPA EN LA RED
Desde septiembre de 2011 Venezuela ha sido testigo de una ola de hackeos de cuentas de Twitter y Facebook de personas que adversan a Hugo Chávez. Políticos, humoristas, periodistas y autoridades han sido las víctimas de piratas informáticos que por mostrar "saña y mala intención" contra el presidente Hugo Chávez son hackeadas sus redes sociales.
El grupo que desde el inicio se atribuyó estas acciones, denominado N33, desvinculó "a cualquier ente gubernamental" de estos hechos. Por esta razón, Luís Carlos Díaz, coordinador de redes del Centro Gumilla, asegura que estas acciones no pueden ser consideradas como parte de la guerrilla comunicacional del Gobierno "porque no hay nada que lo compruebe".
Sin embargo, Andrés Cañizalez, periodista e investigador de la UCAB, resaltó que este tipo de acciones "son productos de un discurso oficial que incentiva a que las personas cometan este tipo de irregularidades".
N33 fue claro. A través de un comunicado informaron que "nadie nos detendrá en el afán de poner en su carril y cobrar venganza de todo aquel que ataque la enfermedad del Presidente y la solemnidad de las instituciones". En el documento indicaron que debido a una "total flagrancia" de Twitter por permitir comentarios contrarios a Chávez, anunciaron nuevos ataques a los "irresponsables dirigentes opositores". "Los estamos observando. TODOS son objetivo", aseguraron. Y así ha sido. Nadie los ha detenido. Ni las autoridades.
LA IMPUNIDAD REINA
Tanto Díaz como Cañizalez coinciden en que no hay pruebas para vincular al Gobierno con estos hechos, pero "donde sí tienen responsabilidades es en hacer justicia", resaltó el especialista del Centro Gumilla. "Para la fecha las víctimas han ido a fiscalía a denunciar la situación, pero hasta ahora no se presenta a los culpables. Por omisión o por impunidad el gobierno es responsable", destacó Díaz.
Situación que en teoría no debería ocurrir porque la legislación venezolana, a través de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, en su artículo seis, establece que "El que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias".
Además tipifica como espionaje, en su artículo 11, al que "indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información (...), será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias".
El artículo continúa diciendo que el aumento de la pena "será de la mitad a dos tercios, si se pusiere en peligro la seguridad del Estado, o (...) resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de las informaciones de carácter reservado".
Por lo tanto, la ley es clara. Lo que hace falta es que se aplique. Desde septiembre de 2011 los delincuentes siguen, impunemente, azotando a la web. Mientras tanto, políticos, periodistas y humoristas adversos a Hugo Chávez no están a salvo ni en Internet.
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