MARINO ALVARADO B./TalCualDigital
Una serie de acontecimientos sucedidos en los últimos años donde aparecen involucrados efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército como presuntos responsables en graves violaciones a los derechos humanos debería generar preocupación en los distintos Poderes Públicos y en nuestra sociedad. Los delitos están relacionados con torturas y ejecuciones. En algunos casos las víctimas son individuos, en otros casos son grupos de personas.
El 15 de marzo de 2005, funcionarios del Ejército y la GN en la población de El Nula, estado Apure, presuntamente asesinaron al joven de 13 años Daniel Alfonso Neira. Los acusados son tres tenientes y un coronel del Ejército, varios soldados y un funcionario de la Guardia.
El 22 de septiembre de 2006, en el área minera Papelón de Ori, de La Paragua, estado Bolívar, 10 efectivos del Comando de Operaciones Especiales del Ejército detuvieron y ejecutaron a seis mineros.
En mayo de 2008 un teniente y un sargento del Ejército fueron acusados de dar muerte mediante tortura al soldado Jean Carlos Rondón, hecho ocurrido en el Fuerte Militar Paramaconi, en Monagas. Los militares fueron sentenciados a 18 años.
En mayo de 2009 fueron acusados seis efectivos de la Guardia Nacional, en Lara, por homicidio calificado, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible en perjuicio de un funcionario del Cicpc y de un civil.
En mayo de 2010 fueron privados de libertad tres efectivos de la Guardia Nacional por ser los presuntos responsables de la muerte de un taxista. Fueron acusados por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de guerra. La violación de derechos humanos pretendió ser ocultada simulando un enfrentamiento.
En junio de 2011 fueron privados de libertad cuatro funcionarios de la Guardia Nacional, por su presunta vinculación en la muerte de un adolescente, ocurrida el 28 de noviembre de 2009 en Arenales, estado Lara. Fueron acusados de homicidio intencional simulación de hecho punible, uso indebido de arma de fuego y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
En julio de 2011 fueron condenados a 30 años de prisión efectivos de la Armada acusados por incurrir en los delitos de violencia sexual y física, acto carnal contra víctima especialmente vulnerable, lesiones personales, uso indebido de arma de guerra, violación con abuso de autoridad, privación ilegitima de libertad con tratos crueles contra detenidos y violación de domicilio.
Abusos todos perpetrados contra ocho indígenas Waraos. En noviembre de 2011 en el Alto Apure, efectivos del Ejército dieron muerte a 4 personas e hirieron a tres. Organizaciones campesinas denunciaron que previo al asesinato algunas personas fueron torturadas y que nunca hubo enfrentamiento. El Ministerio Público investiga el caso.
Finalmente el pasado marzo de 2012 en la vereda Baritalia del municipio Junín del Táchira, efectivos del Ejército ingresaron violentamente a varias fincas del lugar, donde fueron asesinados dos militares, y arremetieron contra campesinos agricultores y otros habitantes. Presuntamente torturaron a varios detenidos, incluyendo un adolescente y una persona con discapacidad.
Todo indica que además de la policía también hay que reformar a la Fuerza Armada Bolivariana.
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