Las dificultades reales, enumeradas y descritas, para invertir en Venezuela podrían ocupar varios tomos. Estas dificultades no solo afectan la viabilidad económica y operativa de las empresas, sino también la posición del empresario en la sociedad venezolana.
A lo largo de quince años, Chávez y Maduro se han dedicado a formular las peores acusaciones. El gobierno ha practicado el oficio de generalizar, para así arremeter, descalificar y acusar a las empresas de asuntos que no son de su competencia. Haciendo de la mala fe una práctica permanente, ha señalado al sector empresarial de ser protagonista de una fantasmagoría llamada “guerra económica”, que no es sino el fruto, la escena arrasada por las consecuencias de las decisiones tomadas por Chávez y Maduro.
Es a esa figura, a la que el gobierno ha intentado hacer responsable de la crisis venezolana, a la que ahora pretende apelar para salir del atolladero en el que se metió por voluntad propia. Mientras Rafael Ramírez, en su versión corderito, va a Londres a ofrecer un reino de oportunidades, grupos de funcionarios visitan las empresas para ofrecerles resolver la maraña de problemas burocráticos que ellos mismos han creado. Erosionado por el problema del desabastecimiento –que, según los estudios de opinión, es percibido principalmente como responsabilidad del gobierno– el Ejecutivo se ha lanzado a una desesperada campaña de supuesto apoyo a la producción. Pero todo esto a la larga termina en la más patética de las realidades: el incremento de la producción en el país depende de unos dólares que fueron dilapidados en dos campañas electorales, tal como ha confesado Giordani. No hay dólares para pagar la deuda que tienen con las empresas automotrices, con las aerolíneas, con las farmacéuticas (que es un asunto gravísimo, puesto que en ello está en juego la salud de millones de pacientes en todo el país), con los contratistas del sector petrolero, con el sector químico, etcétera, etcétera.
¿Les ha contado Ramírez corderito a los inversionistas que la mayoría de los anuncios gubernamentales hechos en las últimas semanas de otorgamiento de divisas no se han concretado? ¿Tienen alguna idea los inversionistas de las consecuencias de la inamovilidad laboral y la grotesca caída de los indicadores de productividad en Venezuela bajo el amparo de ese fomentador de la improductividad que es el rimbombante Ministerio del Proceso Social del Trabajo? ¿Ha confesado que lo que el gobierno de Maduro ha pretendido con las aerolíneas es confiscarlas, es decir, debatir el tamaño de la deuda y reducirla, en una política de confórmate con esto y no te vas de Venezuela? ¿Saben los posibles inversionistas el costo de vérselas con un régimen que pretende desconocer una deuda autorizada por el propio gobierno a 4,30 o a 6,30, y que ahora se proponen devaluarla porque se gastaron esos dineros en campañas electorales?
Fuente: El Nacional
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