La unión cívico-militar es un objetivo presente desde el arribo de Hugo Chávez al poder.
Sin embargo, hasta ahora el proceso de militarización de Venezuela que adelantaba Hugo Chávez se circunscribía a darle beligerancia a los militares mediante el ejercicio al voto; a designar a personal castrense en los más variados cargos públicos con injerencia en sectores neurálgicos de todo tipo, nivel y responsabilidad; a otorgarles prebendas salariales por encima del resto de la población y a garantizarles la solidaridad automática en la administración de ”justicia” (ergo, impunidad ante las múltiples acusaciones desde instancias internacionales y personeros nacionales, sobre la vinculación de militares amigos del régimen en hechos delictivos, corrupción y narcotráfico).
Como contrapartida exigía de la FANBuna lealtad ciega al régimen y al “comandante supremo” por encima del mandato constitucional que obliga a servir a la República sin parcialidades políticas, y permisividad ante la entrega de la nación al servilismo del régimen castrista.
Ahora, el sucesor Nicolás Maduro, un civil sin ascendencia sobre el estamento militar, está dando saltos gigantescos para transformar “al conjunto de la sociedad venezolana en un cuartel" como lo ha denunciado Provea, una importante ONG venezolana férrea defensora de los Derechos Humanos. Esta transformación militarista del país muestra tres importantes avances en las últimas semanas:
El primer paso, la decisión a mediados de junio del Tribunal Supremo que le dió luz verde a los militares a participar en actos políticos; aunque esto era algo que ya de hecho venían haciendo los castrenses, ahora se legitiman acciones reñidas con los artículos 328 y 330 de la Constitución. Mientras se le ha negado a los estudiantes y sociedad civil el derecho a protestar, criminalizándolos, a pesar de que el artículo 68 de la carta magna garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas.
El segundo paso fue la creación de la “Brigada contra Grupos Generadores de Violencia”. Con este organismo se activa el sapeo al estilo del más abyecto patrón cubano. La Brigada dependerá del Ministerio de Relaciones Interiores, y tendrá como objetivo coordinar, recabar y analizar informaciones de todos los entes de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas para neutralizar y controlar actividades de los “grupos violentos”. No se define quiénes son esos grupos violentos, pero según los precedentes, no hay duda que serán todos los ciudadanos que disienten del Plan de la Patria.
El tercer paso, y último por los momentos, fue la reforma a la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, que salió publicada en Gaceta Oficialdel 25 de junio, donde se establece la obligatoriedad del registro militar para todos los venezolanos por nacimiento o naturalización, entre los 18 y los 60 años de edad, residentes o no en el país, y para las personas jurídicas, a pesar de que el artículo 134 de la Constitución otorga el derecho a los venezolanos a elegir libremente si presta servicio militar o servicio civil.
La ley viola el derecho al trabajo, pues sin el certificado militar los venezolanos en este rango de edad no podrán ser contratados o entrar en nómina en los sectores público y privado. Viola el derecho de educación, pues sin el certificado tampoco se podrá obtener títulos académicos, así como restringe el derecho al libre tránsito, al no poder sacar licencias de conducir si no está alistado. Además de que su incumplimiento acarrea multas de entre 30 UT y 150 UT.
Como afirma Provea, esta “exacerbación del militarismo es contradictorio con el ejercicio de una democracia participativa y protagónica, toda vez que se impone la lógica de la obediencia ajena al debate democrático, además de otros valores como la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la autoridad incontestable, la organización vertical y jerárquica, la diversidad como amenaza y el culto a las armas. Estas nociones son contraproducentes en un país azotado por la violencia cotidiana, donde por el contrario se requiere promover la paz, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos".
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