Nicolas Sarkozy, imputado por presunta corrupción y tráfico de influencias

El ex presidente también está acusado de violación del secreto de instrucción
Su imputación 'hipoteca' sus aspiraciones de volver a presentarse a las elecciones
Nicolas Sarkozy ha sido imputado por corrupción activa, tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción esta noche, tras pasar 15 horas en detención provisional en la Dirección Central de la Policía Judicial en Nanterre (Hauts de Seine), mientras testificaba sobre el llamado caso de las escuchas.


Nunca en la historia de la Quinta República un ex presidente había sido puesto bajo arresto. Para los simpatizantes del antiguo jefe de Estado galo, se trata de un ensañamiento de la Justicia orquestado por el Gobierno socialista contra un rival al que temen, mientras que para el Ejecutivo de Manuel Valls, la judicatura es independiente y aplica el procedimiento reglamentario en cada caso.

"Qué casualidad que cada vez que Sarkozy habla de su hipotético regreso a la escena política surja un nuevo affaire judicial en el que se le implica", declaró el martes el diputado de la Unión por un Movimiento Popular Sébastien Huygue antes de conocerse la imputación. Y el ministro portavoz Stéphane Le Foll argumentó: "Quienes nos acusan de montar conspiraciones deberían recordar que lo primero son los hechos".

Según han informado fuentes de la investigación, el anterior inquilino del Elíseo llegó a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales poco después de las 08.00 de la mañana y fue puesto a disposición judicial pasada la medianoche. Los otros tres implicados en la investigación se hallaban arrestados desde el lunes en las mismas dependencias y fueron vistos por las juezas Patricia Simon y Claire Thepaut horas antes que el ex mandatario.

Mientras que el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y el juez superior de la Corte de Casación, Gilbert Azibert, han salido imputados por cargos similares a los del anterior inquilino del Elíseo, otro detenido, el juez Patrick Sassoust, salió anoche libre de cargos.

'Affaire de las escuchas'

Los cuatro hombres habían sido convocados en el marco del llamado affaire de las escuchas en relación a una red de informantes que habrían filtrado al entorno de Sarkozy datos confidenciales acerca de diferentes procedimientos judiciales que le atañen y, muy particularmente, sobre el recurso en casación del caso Bettencourt.

Bettencourt, Karachi, Tapie, Gadafi, Bygmalion... Desde que el antiguo presidente conservador perdió su inmunidad en junio de 2012, al mes de abandonar la Presidencia, su imputación cotiza al alza en los despachos de la magistratura y su nombre figura relacionado de algún modo con media docena de sumarios.

Aunque no había sido detenido hasta ayer, Sarkozy sí se vio obligado a acudir a Burdeos, en noviembre de 2012, para declarar durante 12 horas como testigo asistido ante el juez Jean-Michel Gentil, que -contra el criterio de la fiscalía- decidió imputarle por abuso de debilidad en el caso de la millonaria heredera del imperio cosmético L'Oréal. Imputación que fue sobreseída meses después por carecer de fundamentos. Esta vez, no parece que vaya a salir tan bien parado.

Red de informantes


¿De que va el affaire de las escuchas? Todo empezó cuando, el año pasado, los jueces instructores del caso Gadafi, Serge Tournaire y René Grouman, ordenaron pinchar los teléfonos del anterior presidente de la República y su representante legal buscando indicios de una eventual financiación ilegal de su campaña electoral de 2012 por parte del régimen libio. Pero, en vez de datos comprometedores sobre dicho asunto, lo que las escuchas policiales destaparon es que Sarko y Herzog habían puesto en marcha una red de confidentes en distintos escalafones del poder judicial. A Gilbert Azibert, por citar al informante más notorio, le harían prometido un enchufe en Mónaco -que finalmente nunca llegó- a cambio de sus chivatazos. Y así sucesivamente.

Imputado por tres delitos y a la espera de que termine la instrucción y se fijen las fechas del juicio, Sarkozy se juega una pena de hasta cinco años de prisión y 500.000 euros de multa, además de la consiguiente inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero se juega, sobre todo, la opción de un eventual retorno a la escena política como salvador del partido de cara a los comicios al Elíseo de 2017. Según el último sondeo de BVA, realizado en junio tras la caída de su delfín Jean-François Copé por culpa del affaire Bygmalion, tan sólo un 31% de los franceses sigue confiando en él.
Cort, el mundo