JDG/Globovisión
El Gobierno nacional calificó este lunes de "tendenciosa" e "inaceptable" la acusación de un juez español de que hay indicios de "cooperación" entre el Ejecutivo de Hugo Chávez y la alianza entre ETA y las FARC.
"En el auto del juez español se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política sobre el Gobierno venezolano", sostiene un comunicado, al que tuvo acceso Efe en Montevideo, donde Chávez asiste a la investidura del presidente uruguayo, José Mujica.
Vean el comunicado:
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Comunicado
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tuvo conocimiento, por vía de prensa, del auto de procesamiento emitido por un juez español, en el cual se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano.
En el mencionado auto, se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo, mientras que el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano.
La totalidad de los cuestionamientos formulados por este juez, son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes, durante la operación militar que implicó el bombardeo ilegal del territorio ecuatoriano y durante la cual fueron masacradas decenas de personas. Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya ha pasado a formar parte del folklore político colombiano.
El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en comunicación con el Canciller del Reino de España, recordó el acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español, repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela.
Caracas, 1 de marzo de 2010
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