Caamaño explicó que tan pronto como el Gobierno español supo del auto dictado por la Audiencia Nacional sobre relaciones de cooperación entre las FARC, ETA y personas vinculadas al Gobierno venezolano, "se hizo una primera gestión diplomática preguntando ya directamente a Venezuela si había algo".
Ahora el Gobierno español, "a través del conducto diplomático, dará traslado y realizará las pesquisas que el auto establece", pues el Ejecutivo está "para colaborar con el Poder Judicial en el esclarecimiento de los hechos", dijo Caamaño en rueda de prensa en Jaén (sur de España).
El objetivo es "poner en marcha todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener la información y los datos que estén a nuestro alcance y que el juez, a su juicio, necesita para continuar con el proceso", señaló el ministro.
En lo que se refiere a una eventual extradición de miembros de ETA desde Venezuela, el ministro manifestó que, "siempre que hay posibilidades y existen asuntos pendientes, desde hace tiempo se trabaja con las autoridades para que las personas que pertenecen a la banda armada sean puestas a disposición de los jueces".
Así se está trabajando desde hace tiempo tanto en los países europeos como en Venezuela y México, donde "hace apenas unos meses" se produjeron algunas extradiciones, agregó.
El caso de la posible extradición del etarra Iñaki de Juana Chaos a España desde Irlanda del Norte, "evidencia una vez más que los sistemas de cooperación jurídica funcionan de manera muy eficaz", dijo Caamaño.
"Esperemos a que exista un pronunciamiento firme de la autoridades judiciales británicas y estoy seguro de que después los sistemas extraditatorios funcionarán con absoluta normalidad", concluyó el titular de Justicia.
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