Desde hoy la Gran Caracas se vestirá de verde oliva y de fusiles con el despliegue de un contingente de 3.000 efectivos militares del Ejército y la Guardia Nacional incorporados al Comando Regional N°5 y al Regimiento de la Policía Militar de Caracas.
Tal despliegue militar forma parte del Plan Patria Segura, que complementa la Misión a toda Vida Venezuela iniciada por el difunto Chávez, y que el Ministerio de la Defensa puso en acción supuestamente para “proteger al pueblo” del hampa campante que azota a los venezolanos.
El Plan comenzó por los municipios Sucre y Baruta del estado Miranda y de las parroquias Sucre, Antímano, El Valle y El Recreo del Municipio Libertador, y se extenderá a partir del próximo lunes 20 de mayo a los estados Lara, Carabobo y Zulia.
En los últimos 14 años se han puesto infructuosamente en acción 20 planes de seguridad ciudadana: 19 bajo el mandato de Chávez durante el cual el hampa común y la organizada cobraron 165.801 víctimas en todo el país, según cifras oficiales del CICPC, sin incluir las víctimas por enfrentamientos entre bandas, crímenes pasionales y “resistencia a la autoridad”. Y el primero implementado por Nicolás Maduro, quien según cifras extraoficiales lleva desde enero de 2013 hasta el 14 de mayo unas 1.288 víctimas del hampa sólo en la Gran Caracas.
Como bien acotan las ONG defensoras de los derechos humanos en el país el uso de efectivos militares para resguardar la seguridad ciudadana viola: 1) El artículo 332 de la Constitución Nacional que establece claramente que "los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil". 2) Los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, cuando sentenció sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la tragedia de Vargas de 1999 que “los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales".
Recurrir a las FAN para intentar contener la delincuencia demuestra el fracaso de las políticas de seguridad de la era Chávez-Maduro. Unas políticas que apuntaron a la centralización de las policías en manos del Ejecutivo Nacional, y que apostaron el resguardo de la vida ciudadana a una Policía Nacional Bolivariana que no ha terminado de cuajar y que se ha politizado al extremo.
Son muchas las razones que producen escepticismo sobre los resultados de este nuevo plan, del que se intuye tiene objetivos diferentes a imponer un freno a la delincuencia. Como indican analistas y defensores de los derechos humanos pareciera que esta es una medida destinada más bien a frenar cualquier protesta cívica, en momentos cuando los venezolanos están llegando al límite de la paciencia ante la desbordada inseguridad y otros males como los altos precios y la escasez generalizada de productos básicos.
Por ello cabe preguntar ¿A quién apuntan esos soldados de la patria?
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