Hace más de un mes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confiscó la voluntad de los venezolanos al adjudicarle apresuradamente la “victoria irreversible” a Nicolás Maduro. No importó que el primer boletín marcara un pírrico margen de 1,58% entre Maduro y Henrique Capriles, una diferencia cuestionable en un escenario electoral pleno de violaciones de la ley, abusos de poder, ventajismos y arbitrariedades de todo tipo de la élite gobernante.
Es mucha el agua que ha corrido en estos 33 días, y mucha más la que queda aún por correr.
Los hechos post electorales son más que conocidos por tirios y troyanos:
1) La férrea determinación del líder democrático, Henrique Capriles y la alianza democrática de pedir una auditoría ciudadana al 100% de las mesas electorales, incluyendo todos los elementos del proceso electoral.
2) La prepotente negativa a realizarla de Nicolás Maduro después de haber aceptado la propuesta de Capriles el mismo día de la votación.
3) El incumplimiento de la palabra empeñada del CNE y el gobierno con los socios del castrocomunismo en Unasur, de realizar una auditoría de todo el proceso incluyendo la revisión exhaustiva de los cuadernos electorales, entre otros elementos, tal como lo solicitaba Capriles con el apoyo de los más de 7,3 millones de venezolanos que votaron por la opción democrática.
4) El inicio de una falsa auditoría, a puertas cerradas, diseñada como una especie de conciliación bancaria para satisfacer los intereses de la revolución del difunto Chávez y sin la participación de la Oposición Democrática.
5) Se introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) varios recursos de impugnación de las elecciones: Uno por parte de Henrique Capriles, sobre el proceso completo; dos del Comando Simón Bolívar, uno que va al detalle a más de 5.700 mesas electorales que han reportado incidencias y que afectan a unos 5 millones de votos y otro con tres escritos recusando al magistrado Fernando Vegas Torrealba, presidente de la Sala Electoral y dos magistrados más por sus vinculaciones con el PSUV; así como cuatro recursos introducidos por grupos independientes de electores.
A la fecha las piezas de este vía crucis están así:
1) Se completaron el miércoles 15 de mayo los 10 primeros días de la fase II de la farsa de la “verificación ciudadana”. Según han adelantado todos los voceros del oficialismo en ese período ¡Oh sorpresa! se ha corroborado que existe un 99,98% de correspondencia entre los datos.
2) Los recursos de impugnación están en manos del ahora “remozado” TSJ que estrena Presidente. Este ya debería haber respondido si los admite o no, pero no ha dicho “ni esta boca es mía”.
3) Para completar el cuadro, ya voceros del gobierno han adelantando que la decisión del TSJ será en contra de los recursos. Esto no sería nada extraño pues éste ente es un tribunal que al grito de “¡uh ah Chávez no se va!” ha demostrado con creces que el sistema de justicia en Venezuela baila al son que le toque la revolución castrocomunista.
Así que siguiendo su principio de que “las causas justas no tienen fecha de vencimiento”, Capriles, el Comando Simón Bolívar y la Mesa de la Unidad tendrán que recurrir a cuanta instancia internacional sea pertinente, para reclamar que se haga respetar la voluntad del voto de más de 7,3 millones de venezolanos y que se restituya la democracia y el Estado de Derecho en el país.
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