Esta situación, denunciada en junio de 2012 ha recibido como solución “intensificar las importaciones gubernamentales, congestionar los entonces obsoletos e inoperantes puertos del país y, por supuesto, negarle a los consumidores el libre ejercicio de su derecho constitucional de adquirir los bienes de fin de año”.
A través de un comunicado, Consecomercio denunció que “los consumidores, además de haber terminado financiando parte del gasto público con una devaluación del bolívar del 46,5%, también han tenido que poner el maltrecho contenido de sus bolsillos al servicio del costo que le inflingen a las economías de los países, la incertidumbre y la desconfianza provocada por la ausencia oportuna y organizada de políticas públicas sana y transparentemente bien concebidas. Pero, además, se han visto obligados a desarrollar lo que la propia sociedad venezolana ha bautizado como “turismo de mercado”, es decir, ir de un lugar a otro de las ciudades –y hasta del país- para poder adquirir aquello que lo ha convertido en víctimas de escasez, desabastecimiento y de una inconcebible distorsión de precios”.
Sin embargo, resaltaron que en las últimas dos semanas, las autoridades han reaccionado de manera proactiva ante dicha situación de escasez, desabastecimiento e inflación. “Le han dicho a los consumidores, inclusive, que bastarían dos meses (60 días) apenas, para convertir la ingrata experiencia de vivir en un ambiente de economía de emergencia en materia de abastecimiento, en parte de un desagradable recuerdo. Inclusive, en atención a dicho compromiso, se han adoptado algunas decisiones en materia cambiaria y otras puntuales en precios. Pero sin llegar al meollo del serio, severo y costoso problema de fondo: la obsolescencia de los controles de precios y del inoperante control de cambio”, señalaron.
Criticaron que mientras se instalan mesas técnicas con representantes de sectores de la producción y no con los gremios empresariales, desde el seno del propio Gobierno emergen los anuncios sobre el contenido de nuevas leyes y disposiciones dirigidas a continuar extendiendo controles, “especialmente a actividades industriales y comerciales, bajo el ya extemporáneo argumento de que es una manera de beneficiar a los consumidores. ¿Y es que acaso no basta con tener que vivir hoy los rigores y sinsabores de la escasez y del desabastecimiento, provocados por los últimos diez años de control de precios, como de la Ley de Costos y Precios Justos?”.
Consecomercio considera que el Gobierno debe comenzar a incentivar al aparato productivo nacional, “con políticas públicas flexibles, hacedoras de riqueza y de bienestar para todos los venezolanos. Y estas políticas deben ser de largo aliento, de masivo alcance, coherentes, modernas y sostenibles”.
Para el gremio empresarial, indicó que Venezuela no será capaz de diseñar ni implementar estrategias productivas y competitivas sin levantar el control de precios.
Globovisión/Nota de prensa
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