Los venezolanos seguirían todavía con una venda en los ojos sin enterarse del alto grado de involucramiento del régimen castrocomunista en actos delincuenciales extra fronteras, si no fuese por la determinación del sistema de justicia internacional de perseguir y castigar los delitos de blanqueo de capitales, lavado de dinero y otros relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.
Hoy ya suman más de media docena los casos de corrupción que involucran a funcionarios y hombres de “confianza” de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro develados tras investigaciones realizadas conjuntamente por la SEC (Securities and Exchange Commission de EE.UU.), el FBI y los Departamentos de la Tesorería y de Estado de los EE.UU.
Entre otros más está, por ejemplo, de el caso de “los capos de la droga” denunciado por el Departamento del Tesoro y que involucra con el narcotráfico a los generales Rangel Silva y Clíver Alcalá; al general retirado Hugo Carvajal y al dirigente del PSUV, Freddy Bernal; al presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa y al oficial de inteligencia Ramón Madriz, entre otros.
O el caso del desfalco de más de $500 millones del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA, una trama financiera creada por Francisco Illarramendi para cometer fraude con grupos de inversionistas y que se dirime en tribunales de los EE.UU. Curiosamente los informes auditados de PDVSA no hacen ninguna mención sobre estos fondos desaparecidos en la boca de la corrupción.
Otro caso menos publicitado es el del Ocean Bank, al cual el gobierno de los EE.UU le impuso una multa por $10 millones por aceptar depósitos de ciudadanos venezolanos que no justificaron el origen de los fondos y que, según informes extraoficiales, estaban supuestamente relacionados con directivos de la estatal petrolera.
O el caso más reciente sacado a la luz pública hace poco más de una semana: el del Bandes (ex Fondo de Inversiones de Venezuela). Según el SEC, en el Bandes se habría cometido un fraude con los bonos de la República de Venezuela donde se habrían obtenido ganancias por $66 millones y en la cual la vicepresidente de la institución, María de los Ángeles González, habría recibido sobornos de hasta $5 millones. Cabe recordar que estos sobornos habrían sido recibidos por González cuando la recién designada presidente del Banco Central, Edmée Betancourt era presidente del Bandes.
Ahora bien, si estos son los casos de corrupción que trascienden las fronteras, en el actual estado de descomposición moral, público y notorio en el que está sumergido el gobierno, ¿qué no podría salir a la luz pública si los tribunales de la república no estuviesen reclinados al proyecto “revolucionario” de los Castro, ejecutado por Chávez-Maduro en Venezuela?
No hay comentarios:
Publicar un comentario