El miércoles 15 de enero, Nicolás Maduro reconoció que el gobierno bolivariano estaba "en deuda con el pueblo”, pero especificó que esa “deuda” se limitaba a“…la construcción de un modelo de seguridad pública, un modelo de cuño socialista y humanista".
Así queda claro que fue totalmente inexacto Maduro en este mea culpa.
La gigantesca y verdadera deuda en materia de Justicia que tiene el castrocomunismo en Venezuela es la dereestablecerel "imperio" de la ley y el Estado de Derecho, destruidos ambos en estos tres lustros con total premeditación.
Los resultados de esta monumental deuda están a la vista, y lo sufre en carne propia todo ciudadano en Venezuela.
Esta dramática realidad se refleja fehacientemente, por ejemplo, en los resultados que obtuvo el país en el Índice de Estado de Derecho 2012-2013, que elabora anualmente la ONG de los Estados Unidos El Proyecto de Justica en el Mundo (WJP, por sus siglas en ingles), dado a conocer este fin de semana.
Según este índice, lajusticia penal y los tribunales de Venezuela son percibidos como los peores del mundo, al obtener una puntuación de 0,24 sobre 1 y ubicarse por segundo año consecutivo en el puesto número 97, de 97 países evaluados, por debajo de Zimbabue, Irán y China, tres países conocidos mundialmente por su justicia amañada y dictatorial.
Para este estudio, que viene elaborándose desde hace unos cinco años, se toman las observaciones de catedráticos, abogados en ejercicio, defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios de los países evaluados con respecto a unas 97 variables que conforman unos siete subfactores, entre los que se cuentan: (a) la efectividad del sistema de investigación penal, (b) si el sistema de adjudicación penal es oportuno y eficaz, (c) la eficacia del sistema penitenciario en la reducción de la conducta criminal, (d) la imparcialidad, transparencia e independencia del sistema de justicia penal y (e) el debido proceso legal y respeto a los derechos de los acusados.
El estudio parte de una premisa incuestionable: Que un sistema penal eficaz es un aspecto clave del Estado de Derecho, entendiendo este como el marco de referencia base de las reglas y derechos que hacen posible a una sociedad próspera, justa, sin violencia y sin corrupción. El Estado de Derecho es un sistema en el que nadie, incluido el gobierno, está por encima de la ley, donde las leyes protegen los derechos fundamentales y donde la justicia es accesible para todos.
Lamentablemente en Venezuela ese Estado de Derecho y de Justicia está en el foso.
Ejemplos sobran: 1) Los concursos de oposición para los ingresos de los jueces están paralizados desde hace siete años, por tanto estos funcionarios clave para la administración de justicia son susceptibles a chantajes y presiones políticas. (2) Los presidentes de los circuitos judiciales penales, un cargo meramente administrativo según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), son quienes giran las instrucciones a los jueces que vulneran el debido proceso de los acusados. (3) El gobierno ha demostrado que no se amilana para violar los derechos de los jueces titulares que se opongan a sus mandatos como demuestra el caso de la juez María de Lourdes Affiuni, la presa de Chávez.
Como ejemplo viviente de las miles de carencias del sistema penal está el caso de los comisarios Forero, Vivas y Simonovis, y de los policías metropolitanos, quienes fueron (y siguen siendo) objeto de una administración de justicia amañada, altamente politizada y corrupta, que requería chivos expiatorios para exculpar al gobierno de Hugo Chávez en la masacre del 11 y 12 de abril de 2002. Una vergüenza que se hizo pública y confesa en cortes internacionales en la voz del ex magistrado de la muerte Eladio Aponte Aponte, ejecutor de la sentencia y la venganza contra estos funcionarios.
Un caso que hoy cobra mayor relevancia aún, cuando el comisario Simonovis lleva una larga espera de una medida humanitaria por motivos de salud, que le permita salir de una prisión donde nunca debió entrar.
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