AAS/Globovisión/EFE
La CIDH incluyó nuevamente a Venezuela en la lista de los países que no respetan los derechos humanos y anexó por primera vez a la "lista negra" a Honduras, por los sucesos de junio de 2009 cuando fue depuesto el ex presidente Manuel Zelaya.
En la "lista negra" de su informe anual también aparecen Cuba, Colombia y Haití.
El informe, presentado hoy por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
Respecto a Venezuela, el capítulo IV del informe anual indica que "en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política".
El informe, basado en el documento publicado anteriormente bajo el nombre de "Democracia y Libertad de expresión", establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
La CIDH determinó la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
En la "lista negra" de su informe anual también aparecen Cuba, Colombia y Haití.
El informe, presentado hoy por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
Respecto a Venezuela, el capítulo IV del informe anual indica que "en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política".
El informe, basado en el documento publicado anteriormente bajo el nombre de "Democracia y Libertad de expresión", establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
La CIDH determinó la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
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