SIMÓN BOCCANEGRA/TalCualDigital
Nicolás Maduro no deja de sorprendernos. Acaba de establecer una nueva doctrina administrativa. El situado constitucional, que es la parte del presupuesto nacional que se destina a gobernaciones y alcaldías, dice Maduro que lo manejará discrecionalmente y que no habrá plata para gobernadores y alcaldes que hayan expresado opiniones críticas sobre la situación económica y social.
El situado tiene rango constitucional (artículo 167 de la CN) y es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional, que se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma establecida en la Carta Magna. Se trata, pues, de un mandato constitucional y no de una norma que puede ser manejada a capricho.
De modo que lo dicho por Maduro sobre cómo se propone administrar el situado es un exabrupto, atribuible más que a mala fe a una ignorancia muy grande, inexcusable en quien ejerce la Presidencia de la República. Se ve que no conoce bien el documento fundamental que rige a un país.
Pero, además, Maduro pretende erigirse en censor de opinión. Amenazar a gobernadores y alcaldes con no enviarles el dinero que les corresponde si sus criterios políticos no le complacen es una barbaridad en la cual no ha incurrido ningún otro presidente y vaya que hemos tenido algunos no poco autoritarios. Pero no hay de qué extrañarse.
Lo del situado se añade a una larga lista de atropellos y desafueros contra las instituciones del Estado, de modo que lo del situado se añade a esa lista, si el señor Maduro concreta su amenaza. Es de suponer que, en tal caso, los gobernadores y alcaldes afectados recurrirán ante el TSJ y si todavía queda algo de pudor tendría el máximo tribunal que echar atrás esa medida, declarando su inconstitucionalidad. Amanecerá y veremos.
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