En estos momentos, aún en medio de una fuerte crisis económica, donde abunda la escasez y la inflación de bienes y productos, el gobierno venezolano sigue insistiendo en la ruta del socialismo del siglo XXI, plasmado en el Plan de la Patria, por ejemplo: 1) Se redobla el control en el acceso a las divisas con la exigencia del registro electrónico donde las empresas deberán estimar sus necesidades de divisas a futuro.
2) Se instaura el Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas (Rupdae) de carácter obligatorio. 3) Se ordena a los inspectores de la Superintendencia de Precios Justos, "tomar de inmediato y abrir las cajas de los supermercados con largas colas de clientes". 4) Se sigue insistiendo en instalar un sistema biométrico en los centros de distribución de alimentos.
Estas acotaciones vienen al caso debido a un hecho que hoy es noticia: La medida tomada, supuestamente a motus propio, por la reconocida y respetada Cadena Farmatodo para regular la venta de 33 productos de consumo familiar, argumentando que el objetivo es “proteger al consumidor y tratar que los productos puedan ser adquiridos a precios justos por la mayor cantidad de personas”.
Además, el presidente ejecutivo de Farmatodo, Pedro Angarita, en una entrevista realizada la mañana de este jueves por César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, justificaba la toma de decisión de la Cadena, entre otros hechos: 1) Por las largas colas que se estaban formando en los establecimientos para adquirir los productos. 2) El riesgo de violencia que se estaba gestando en dichas colas. 3) Que el 70% de los que permanecen en estas largas colas son revendedores. 4) Porque su deber está en los 2 millones de clientes y los más de 8.000 empleados que tiene Farmatodo a nivel nacional.
En el mismo programa de César Miguel Rondón, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, al rechazar esta iniciativa de Farmatodo, recordó varios artículos de la Constitución que son violados con esta medida de racionamiento: 1) El 117, “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”. 2) El 49, que habla de la presunción de inocencia. “No se puede presumir que todo el que va a comprar es bachaquero o revendedor”, acotó Parilli. 3) El 21, referido a la igualdad de todos ante la ley que no permite discriminaciones por la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 4) Además de recordar que todo ciudadano tiene el derecho a “decidir qué comprar y cuándo comprar”.
Si bien es cierto, que toda empresa se debe a sus clientes y a sus empleados, también lo es que este “deber ser” tiene que estar en línea con el respeto a la Constitución y las leyes. Y que no es tarea de las empresas corregir las desviaciones que el Ejecutivo Nacional crea con sus erradas políticas. Es el Estado (hoy en una perniciosa simbiosis con el gobierno) quien debe garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida esta “como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”.
El efecto Plan de la Patria está llevando a aceptar como normal todo aquello que va contra la lógica humana y social, pero que beneficia el interés de la élite en el poder.
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