El nuevo Sistema Cambiario de Administración de Divisas (SICAD) comenzó a operar el pasado martes 26 de marzo en medio de una gran incertidumbre y expectativas en el marcado cambiario venezolano.
El SICAD, concebido como un mecanismo de subasta Vickrey modificada, supuestamente similar a la que utiliza el Banco Central de Venezuela para la adjudicación de bonos de la deuda pública, luce en principio sensato. Bien implementado, sin opacidad ni discrecionalidad podría lograr el objetivo de equilibrar el precio de la moneda dentro de un plazo razonable.
Con este mecanismo de subasta las cotizaciones recibidas en sobres sellados se ordenan por precio, del mayor al menor, para luego adjudicar las divisas solicitadas a cada uno de los interesados en ese mismo orden, a los precios de cada postura, hasta agotarse la disponibilidad, con lo cual se establece el “precio de corte”. Con este mecanismo es de esperar que se logre una especie de precio de equilibrio si después de cuatro o cinco subastas se logra ubicar el tipo de cambio a un nivel “razonable” más o menos estable.
En esta primera subasta se ofrecieron $200 millones. Según se informó el miércoles 27 de marzo, 383 empresas fueron beneficiarias de las adjudicaciones, y aunque no se ha informado oficialmente de los precios de las divisas asignadas, extraoficialmente se estima que éstos estuvieron en un rango entre Bs.11:$ y Bs.17:$, y que el precio promedio era de Bs.14:$ a Bs.15:$.
De ser cierto este estimado, la tasa podría estabilizarse entre Bs.9:$ y Bs.11:$ en el corto plazo después de dos o tres subastas por montos similares.
Sin embargo, como casi todo lo que emprende la ceguera castrocomunista, los beneficios que se podían haber obtenido con el SICAD se deshicieron con los pies al inyectarle a la subasta tres males: (1) Una falta total de transparencia, abriendo con ello la posibilidad de que se manipule el proceso de cotización y adjudicación. (2) La decisión de no emitir pago alguno al suplidor hasta tanto el bien o producto al que se le adjudicó las divisas no haya sido nacionalizado e inspeccionado por el Banco Central (otro área de posible discrecionalidad y/o corrupción), amén de que ocasiona una demora de meses para liquidar la transacción. (3) El haber excluido a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen ni la estructura ni los recursos para cumplir con los engorrosos trámites burocráticos del RUSAD, segregando así a 30% de las empresas importadoras del país (en cuanto a número), o 16% del total de importaciones (por valor).
Por último, al parecer, el nuevo sistema dependerá exclusivamente de empresas del gobierno y estatales (es decir, mayormente de PDVSA) para los dólares que serán subastados. Según se anunció, el sistema no estipula ninguna disposición para la participación de empresas privadas. Lo que esto sugiere es que el SICAD ha nacido con plomo en el ala.
Como corolario lo que se avizora en el horizonte es mayor escasez y desabastecimiento de bienes básicos, y en consecuencia un incontenible impulso de los precios.
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