La SIP, con sede en Miami, hizo la petición tras presentar a esta instancia un documento de "amicus curiae" (amigo de la corte), una figura jurídica que representa el apoyo ante el tribunal de un tercero no implicado en la causa.
En nombre de la SIP, su presidenta, Elizabeth Ballantine, invitó a la "Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar que la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño, en represalia por su línea editorial, es una flagrante violación a los principios de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana".
RCTV tuvo que dejar de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la Administración del entonces presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía "golpista".
La concesión no fue renovada, estableció la SIP en su documento, "en represalia por su postura editorial crítica e informaciones contrarias al Gobierno venezolano".
En el escrito, la SIP también destacó que, "por vía de medidas cautelares presentadas por organizaciones sociales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la incautación, sin indemnización, de toda la plataforma de RCTV, a fin de asegurarle al propio Estado la operación inmediata de una señal de televisión".
Globovisión / EFE
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