Las cifras son aterradoras. De acuerdo con un estudio de la UNICEF (“Ocultos a plena luz”) Venezuela es el tercer país en el mundo donde son asesinados más niños y adolescentes entre 0 y 19 años: 20 por cada cien mil habitantes. Solamente nos superan El Salvador y Guatemala.
Pero entre los varones asesinados ocupamos el segundo lugar: 74 por cada cien mil habitantes son adolescentes varones y 3 por cada cien mil son hembras. No es para enorgullecerse sino para preocuparse, y mucho, porque la tasa de homicidios viene creciendo sistemáticamente. Desde luego, son varios los factores que explican el fenómeno, y no sólo el de la pobreza, pero obviamente existe una correlación directa entre los homicidios y las áreas poblacionales donde tienen lugar. En principio es una calamidad fundamentalmente urbana, y en las ciudades, es en sus barriadas populares donde se radica. En dos platos, en las áreas donde el común denominador es la pobreza.
El estudio de UNICEF concluye diciendo que se puede relacionar la desigualdad económica con la cantidad de víctimas de asesinatos. Por aquí es por donde deben comenzar las soluciones.
No estamos, ni UNICEF ni nosotros, descubriendo el agua tibia. Se trata de un tema mil veces tratado y explicado, pero conviene volver una y otra vez sobre el mismo, porque la tasa de homicidios, en lugar de disminuir, lo que hace es acrecentarse año tras año. Algo tiene que estar funcionando muy mal en nuestra sociedad para que en ella se dé esta pesadilla. De hecho, tan mal están las cosas que la sociedad (ricos y pobres, en barrios y urbanizaciones) no sólo no se inmuta ante esta suerte de mini guerra civil sino que la tolera -y hasta la aplaude-, en la equivocada creencia de que matando hampones, presuntos o reales, se combate el problema: muerto el perro se acaba la rabia es la conseja, tácita o explícita. Y también falsa.
Los hechos son tercos, cada año el número de homicidios supera el del anterior.
El ministro Miguel Rodríguez Torres apunta que las tres cuartas partes de los homicidios (76%) ocurren por enfrentamientos entre bandas criminales y por enfrentamientos entre bandas y las policías, lo cual lleva a Liliana Hernández (Cofavic) a sostener tajantemente que “en Venezuela se aplica la pena de muerte de facto”. Es cierto, y desde hace mucho tiempo, cualquiera sea el gobierno. Con este, que se dice revolucionario, no hay ni asomos de que haya una mejoría. Todo lo contrario, en cada uno de sus quince años, las cifras de homicidios no han hecho sino crecer. Es obvio que muchos homicidios son producto de balaceras entre bandas o entre estas y las autoridades, como dice el ministro del Interior, pero no es menos cierto que muchos también son producto de “ajusticiamientos” (en un país donde no existe la pena de muerte).
Esto último, por supuesto, tiene un reflejo negativo sobre los propios cuerpos represivos. Su moral, sin duda, se resiente en la medida en que la licencia para matar se vuelve tan banal como beber agua.
La vida no vale nada. Quien no lo crea no tiene sino que asomarse a los números.
¿O es que la inseguridad no ha venido creciendo con el tiempo?
No hay comentarios:
Publicar un comentario