KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Los saqueos que se produjeron el fin de semana en algunos establecimientos del país son para el sociólogo Luis Cedeño el reflejo de algo que ya se sabía que existía en la sociedad venezolana: la anomia que se da frente a la ausencia de sanción.
Dice que algunas de las personas que participaron en la toma ilegal de los electrodomésticos y que fueron filmados parecían no tener ningún temor de ser vistos, pues sienten que en el país no hay un Estado de Derecho que castigue al transgresor.
Al mismo tiempo, Cedeño, también director de la ONG Paz Activa, considera que el Estado se ha vuelto más punitivo, pero de forma selectiva. "Se sanciona a quienes hacen usura, pero no a los saqueadores", sostiene. Considera que en la medida en que se ejercen mayores presiones sobre la sociedad surgen nuevas tipologías del delito.
"Los controles y las leyes han hecho que la gente se convierta en un delincuente sin quererlo ser. Se crea un sentimiento generalizado de que todo el mundo está violando la norma y eso está bien", agrega, al tiempo que pone como ejemplos las ventas ilegales del dólar por el control cambiario, el contrabando de gasolina y la venta de productos regulados a precios no regulados.
Cedeño manifiesta que la conflictividad social aumenta en la medida en que hay una gran masa monetaria circulante y una cantidad limitada de bienes.
"Hoy pelearán por electrodomésticos, mañana será por algo más básico", señala. Sin querer responsabilizar a las palabras del presidente Nicolás Maduro, el sociólogo recuerda que el verbo de quien ocupa la primera magistratura del país es muy delicado.
Los llamados "a vaciar los anaqueles" y las fuertes amenazas a los dueños de los negocios, de acuerdo a lo que señala, pueden ser considerados como medidas populistas que responden a mostrar una autoridad en la nación.
LEYES A LA MEDIDA
La forma en la que se dispuso de los productos de las empresas acusadas de especulación para venderlos a bajos precios, tal como explica el abogado Rafael Chavero, son consecuencia de un marco jurídico que se ha venido creando con toda la intención.
"El Indepabis se maneja con unos criterios de determinación de usura que no están establecidos en ningún lado y en consecuencia cualquier precio caro es considerado usura. En base a eso se dictan medidas cautelares cuasiabsolutas que pudieran implicar el remate de los bienes sin necesidad de medidas de embargo judiciales", asevera.
Chavero explica que lo correcto en estos casos es abrir un procedimiento para determinar si en efecto hay alguna irregularidad para imponer las sanciones correspon- dientes, "pero eso evidentemente no tendría el impacto electoral que se está buscando que no es otro que dar a entender que el Gobierno es que lucha contra la inflación.
La ley de acceso de bienes y servicios es la norma que más poderes le otorga al Indepabis para hacer con proveedores de bienes y servicios lo que les da la gana", añade. Indica que estas posibilidades se han venido incorporando en las distintas modificaciones de la Ley de acceso a bienes y servicios.
"Pero esto no significa que sea constitucional, en mi criterio esas medidas son desproporcionadas. Hacer las cosas bien no genera votos. El tema de que el supuesto especulador se le remata y se le humilla pareciera que le gusta a la gente", afirma.
El Ministerio Público anunció ayer que presentará al gerente y dos encargados de una tienda de electrodomésticos ubicada en Nueva Esparta por presuntamente estar vinculados con el acaparamiento y la especulación.
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