Aunque la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazando la impugnación de Capriles a las elecciones presidenciales no causó ninguna sorpresa puesto que hasta el más ingenuo sabía que no podía esperarse otra cosa de esa institución, no dejan, sin embargo, de producir estupor los "aliños" que acompañan a la decisión misma.
La Sala Constitucional no sólo rechaza la impugnación sino que además multa a Capriles en 10 mil bolívares y solicita a la Fiscalía que abra una averiguación al gobernador de Miranda para determinar si hay razones para acusarlo penalmente. En otras palabras, para ver si pueden encarcelarlo. Es decir, un ciudadano que reclama justicia, ejerciendo, con razón o sin ella, un derecho consagrado en la Constitución, no sólo no recibe lo que demanda sino que sale multado y amenazado con cárcel. La Sala Constitucional se declaró "ofendida" y sentó jurisprudencia: introducir un recurso ante el TSJ puede terminar con quien lo haga en chirona.
Que la administración de justicia en nuestro país ha sido degradada por el chavismo no es un secreto para nadie, pero en este caso, el TSJ ha superado todo lo que hemos conocido hasta ahora como abusos e indignidades en el sistema judicial. Los argumentos utilizados por la presidenta del TSJ para "explicar" las razones de la determinación tomada por el organismo indican que muy probablemente los magistrados ni siquiera leyeron el documento de Capriles o lo hicieron muy superficialmente, a toda prisa, para complacer a sus mandantes.
No es que forzosamente el TSJ debía dar la razón a Capriles sobre el fondo del tema, pero lo menos que cabía esperar del supremo órgano de justicia era una respuesta que condujera a que el organismo jurisdiccional correspondiente, es decir la Fiscalía, abriera una averiguación sobre los señalamientos hechos por el gobernador Capriles. Era lo procedente y lo democrático.
Mas, esta decisión de la Sala Constitucional da una clara medida de la naturaleza del régimen que estamos padeciendo. A pesar de lo insólito de multar y amenazar con prisión a Capriles, la verdad es que no tenemos nada de qué extrañarnos. Así es el chavismo, ahora en versión madurista. Llevamos catorce años forcejeando con un gobierno que no quiere atenerse a más leyes que las de la voluntad de sus dirigentes. Para el gobierno la Constitución ha devenido en un icono inútil e inocuo pero sobre todo que fastidia. Sólo cuando pueden emplearla como un garrote contra sus adversarios se acuerdan de ella. Pero, la pelea es peleando. Seguiremos, desde luego; no queda otra. Pero, alerta, enfrentamos un adversario que sabe de su descenso, que está conciente de que ya no es mayoría y que la pendiente hacia abajo se acentúa con cada desaguisado que comete. El modo como han tratado a Capriles les pasará factura. Que no les quepa ninguna duda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario