El Tribunal Supremo de Justicia ratificó este viernes el desafuero de la diputada María Corina Machado, que le fue retirado por decisión personal del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, después de que la legisladora intentara denunciar al gobierno venezolano en una sesión de la OEA en Washington, que nunca se realizó.
La sentencia del máximo tribunal coincidió con una concentración que organizó la oposición el martes en el este de la capital en apoyo a Machado, donde tras un discurso la dirigente dirigente trató de asistir al Congreso acompañada de algunos de sus colegas. Pero su paso fue impedido por un grupo de simpatizantes del gobierno.
La diputada -que parecía estar afectada por los gases lanzados previamente cerca de la concentración- fue empujada e insultada por desconocidos y poco después se montó en una motocicleta y se alejó del lugar.
Varios miles de manifestantes que portaban banderas venezolanas y gorras con el tricolor nacional fueron repelidos con gases lacrimógenos cuando intentaron traspasar el cordón de cientos de policías nacionales para acompañarla tras finalizar su discurso. No hubo reportes de heridos. Momentos antes ante la multitud, Machado rechazó la acción de los aliados del gobierno en el Legislativo de quitarle los fueros y el dictamen del máximo tribunal que confirmó esa medida.
"Hoy se dio un contundente golpe de Estado a la constitución", dijo Machado en alusión al dictamen del Tribunal Supremo, al que ha señaló de estar al servicio del oficialismo e integrado por "juristas del terror". "Hay tres poderes confabulados", aseveró.
Machado catalogó su destitución como "un crimen sin precedente a la soberanía del pueblo... no solo se ha destruido la democracia en Venezuela, se ha desmantelado la república". La diputada se preguntó en voz alta: "¿Por qué me quieren callar? Porque le tienen miedo a la verdad y terror a este pueblo en la calle" y exigió la renuncia de la Fiscal General y la Defensora del Pueblo.
Dirigiéndose a los miembros de las fuerzas armadas, los exhortó a "no aceptar órdenes inconstitucionales... su deber es la protección y defensa de cada uno de los venezolanos".
En su fallo del lunes por la noche, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sostuvo que Machado incurrió en una "actividad incompatible" con su función legislativa ante la "aceptación de una representación alterna de un país". En su presentación ante la OEA Machado ocupó el asiento de Panamá.
Los magistrados consideraron que Machado, al hablar en una sesión de la OEA por solicitud del embajador de Panamá, ejerció una "función diplomática" y determinaron que esa acción "no sólo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electo o electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana".
La opositora indicó la víspera a The Associated Press en entrevista telefónica que de hacerse efectiva la pérdida de su diputación seguirá haciendo su trabajo.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una moción de urgencia en la que se establecía que Machado había perdido en forma automática su investidura parlamentaria al ejercer como embajadora accidental de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA y que no hacía falta cumplir los requisitos constitucionales para allanarle la inmunidad.
El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, justificó la acción contra Machado argumentando que la Constitución establece que "los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional".
La diputada opositora Dinorah Figuera consideró la sentencia contra Machado una "maniobra del gobierno" para sacar a los opositores de la Asamblea Nacional. El año pasado el oficialismo inició procesos legales contra dos diputados opositores por supuestos hechos de corrupción, lo que le permitió sacarlos del Congreso y lograr los votos necesarios para darle al presidente Nicolás Maduro una ley habilitante que le permite legislar hasta noviembre de este año por decreto.
"Nos reservaremos las acciones legales", dijo Figuera en un comunicado de prensa al anunciar que la oposición activará una "agenda de lucha internacional" para dar a conocer la "vulneración de la institucionalidad del Parlamento por parte del oficialismo".
Amnistía Internacional expresó el martes su preocupación por la situación en Venezuela y dijo en un comunicado que el país sudamericano enfrenta el riesgo de "una de las peores amenazas al estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente".
La organización reconoció que en el contexto de las protestas callejeras de febrero y marzo en el país las fuerzas de seguridad "han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes".
El informe también documentó abusos a los derechos humanos cometidos por grupos a favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado al menos 33 muertos, 559 heridos y más de 1.700 detenidos de los cuales 168 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
Maduro ha desestimado las protestas considerándolas parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
Cort. TalCualDigital
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