Como si las cosas no estuvieran color de hormiga en la economía de los trabajadores de Venezuela (como lo están para el resto de los venezolanos) ahora el gobierno volvió sus ojos y garras hacia sus ahorros salariales y de prestaciones, en los que busca tener acceso a otra fuente de recursos para saciar su avidez de recursos.
Así comienza a tomar forma el anuncio que hiciera Nicolás Maduro el 1º de mayo sobre el propósito de constituir un fondo para que las prestaciones sociales supuestamente “rindan más”. La idea de Nicolás Maduro y su hueste es activar el Fondo Nacional de Ahorro de Prestaciones Sociales (FNAPS) que prevé la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) como una de las tres opciones que tiene el trabajador para resguardar sus prestaciones (las otras dos según el artículo 143 son: en un fideicomiso individual y en la contabilidad de la empresa. Un mandato legal que hasta ahora solo venían cumpliendo las empresas privadas.
Según anuncia el gobierno el propósito que tienen en mente es que el nuevo FNAPS, que “supuestamente” no sería obligatorio, se nutra tanto de los fideicomisos de los trabajadores como de los depósitos de las cajas de ahorro, cuyo patrimonio se estima en más Bs.5 millardos. Entra aquí una primera preocupación de los trabajadores con respecto a la libre administración de sus reales ¿cuánta libertad se les dará a los empleados públicos para decidir el destino de sus prestaciones en un gobierno cuya característica predominante es el despotismo y la intolerancia al disentir?
Los trabajadores también están en alerta máxima por la propuesta de Maduro de realizar una “ingeniería financiera” metiendo en un solo saco los recursos de las prestaciones sociales, los de las cajas de ahorros y los de la inversión social del Estado, para hacer “el segundo milagro de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, y soportar otros programas sociales como el de Mi Casa Bien Equipada y la compra de vehículos a través del Convenio Chino-Venezolano.
Otra preocupación de los trabajadores se sustenta en el secretismo y poca transparencia que existe en el manejo de las prestaciones de los trabajadores públicos. Cabe mencionar, por ejemplo el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del Sector Público, cuyos recursos (provenientes del 4% que se les descuenta a los trabajadores de la Administración Pública) no se sabe a dónde fueron a parar, como lo denunciara Froilán Barrios, del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess). O el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de PDVSA, del cual se esquilmaron unos $594 millones hace varios años en un esquema Ponzi instrumentado por Francisco Illaramendi, y por los que nadie ha respondido hasta la fecha.
Estos precedentes tan frescos hacen que esta temible iniciativa de Maduro de “generar un nuevo esquema y protección de los fondos” termine igual que en Argentina, desapareciendo en la manirrota corrupción de la “revolución”.
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