Foto cort. Alfredo Cedeño/El Nacional
Carolina García Aparicio/El Nacional
El abogado Alfredo Romero asegura que el caso del ex magistrado es grave porque se trata de violaciones a los Derechos Humanos, que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar
El abogado Alfredo Romero, director de la organización de Derechos Humanos Vive y miembro del Foro Penal Venezolano, aclaró que el caso de Aponte Aponte es aún más grave que los delitos salvaguarda del patrimonio público y corrupción, porque se trata de "violaciones graves a los Derechos Humanos que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar".
Explicó que existen delitos de acción pública y delitos de acción privada, “los públicos, entre ellos el delito de salvaguarda público, la Fiscalía no requiere que el denunciante sea el que lleve a cabo la denuncia (…) La salvaguarda del patrimonio público y la corrupción son delitos que están establecidos específicamente en la constitución y la Fiscalía está obligada a investigar sin necesidad de la denuncia, sólo con una referencia de la situación”, aseguró el jurista.
Romero recordó que desde el año 2004 han denunciado la utilización del sistema judicial para perseguir en forma sistemática a un grupo específico de la población por motivaciones políticas en las instancias internacionales porque eso se califica crimen de lesa humanidad de acuerdo con el artículo séptimo del Estatuto de Roma.
Considera que las declaraciones de Aponte Aponte “más que una denuncia es una confesión de la máxima autoridad de justicia criminal del país (…) esa confesión implica la utilización del Poder Judicial a través de una red para perseguir sistemáticamente a la población”.
Anunció que las declaraciones del ex magistrado servirán como prueba para presentar el caso de persecución política ante el Tribunal Penal Internacional porque en el año 2006 emitió una comunicación solicitando mayores evidencias para comprobar el patrón de persecución política.
Recalcó que la investigación debe centrarse en delitos de salvaguarda, narcotráfico, utilización del poder judicial para perseguir y privar de libertad ilegítimamente de libertad a personas como el caso de José Sánchez “Mazuco” y los comisarios por los hechos del 11 de abril.
Se refirió a las declaraciones de la Fiscal General de la República que aseguró que no estaban dadas las condiciones para iniciar una investigación. “La misma Fiscal sabe que la declaración no fue correcta, fue una salida sesgada a los efectos de no investigar una situación que está muy clara (…) La Fiscal debiera inhibirse de conocer cualquier investigación en este caso, y el pronunciamiento de no llevar a cabo la investigación implica una parcialidad (…) debería haber dicho `no soy responsable de lo que me imputa, pero creo que el Estado debe investigar´”, dijo.
Anunció que el día miércoles ofrecerán una rueda de prensa para presentar la denuncia con detalles sobre el documento que se entregará ante el TPI.
El abogado Alfredo Romero asegura que el caso del ex magistrado es grave porque se trata de violaciones a los Derechos Humanos, que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar
El abogado Alfredo Romero, director de la organización de Derechos Humanos Vive y miembro del Foro Penal Venezolano, aclaró que el caso de Aponte Aponte es aún más grave que los delitos salvaguarda del patrimonio público y corrupción, porque se trata de "violaciones graves a los Derechos Humanos que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar".
Explicó que existen delitos de acción pública y delitos de acción privada, “los públicos, entre ellos el delito de salvaguarda público, la Fiscalía no requiere que el denunciante sea el que lleve a cabo la denuncia (…) La salvaguarda del patrimonio público y la corrupción son delitos que están establecidos específicamente en la constitución y la Fiscalía está obligada a investigar sin necesidad de la denuncia, sólo con una referencia de la situación”, aseguró el jurista.
Romero recordó que desde el año 2004 han denunciado la utilización del sistema judicial para perseguir en forma sistemática a un grupo específico de la población por motivaciones políticas en las instancias internacionales porque eso se califica crimen de lesa humanidad de acuerdo con el artículo séptimo del Estatuto de Roma.
Considera que las declaraciones de Aponte Aponte “más que una denuncia es una confesión de la máxima autoridad de justicia criminal del país (…) esa confesión implica la utilización del Poder Judicial a través de una red para perseguir sistemáticamente a la población”.
Anunció que las declaraciones del ex magistrado servirán como prueba para presentar el caso de persecución política ante el Tribunal Penal Internacional porque en el año 2006 emitió una comunicación solicitando mayores evidencias para comprobar el patrón de persecución política.
Recalcó que la investigación debe centrarse en delitos de salvaguarda, narcotráfico, utilización del poder judicial para perseguir y privar de libertad ilegítimamente de libertad a personas como el caso de José Sánchez “Mazuco” y los comisarios por los hechos del 11 de abril.
Se refirió a las declaraciones de la Fiscal General de la República que aseguró que no estaban dadas las condiciones para iniciar una investigación. “La misma Fiscal sabe que la declaración no fue correcta, fue una salida sesgada a los efectos de no investigar una situación que está muy clara (…) La Fiscal debiera inhibirse de conocer cualquier investigación en este caso, y el pronunciamiento de no llevar a cabo la investigación implica una parcialidad (…) debería haber dicho `no soy responsable de lo que me imputa, pero creo que el Estado debe investigar´”, dijo.
Anunció que el día miércoles ofrecerán una rueda de prensa para presentar la denuncia con detalles sobre el documento que se entregará ante el TPI.
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